Coronavirus | Ortega pone en jaque la salud y la vida de los nicaragüenses, alerta al mundo Human Rights Watch

Ante la pandemia del coronavirus, Daniel Ortega ha respondido con políticas que contradicen descaradamente los consejos de especialistas en salud a nivel global, denunció la organización impulsora de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen.

El régimen de Daniel Ortega ha respondido a la pandemia del coronavirus con políticas que contradicen descaradamente los consejos de especialistas en salud a nivel global y ponen en riesgo la vida de los nicaragüenses, denunció este sábado la organización internacional Human Rights Watch (HRW). 

“Mientras el mundo hace frente a la pandemia más grave del último siglo, Ortega no ha aparecido públicamente y su gobierno actúa temerariamente, evitando adoptar las medidas básicas de prevención que recomiendan los expertos en salud pública”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Con su irresponsabilidad ante esta crisis, Ortega pone en jaque la salud y la vida de los nicaragüenses”, agregó.  

El dictador Ortega es el único mandatario latinoamericano que no ha hecho ningún anuncio público sobre cómo su gobierno abordaría la pandemia. Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama, ha dicho a los nicaragüenses que se mantengan tranquilos y sigan trabajando. 

Las autoridades han alentado la asistencia a escuelas y a actos multitudinarios, y solamente han dispuesto medidas de cuarentena voluntaria para aquellos que llegan del exterior. 

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Según el recuento oficial del Ministerio de Salud, en Nicaragua se han confirmado ocho casos de Covid-19, de los cuales una persona ha muerto. Sin embargo, expertos sostienen que la cantidad de casos podría ser mayor, dado que no se están haciendo pruebas generalizadas.  

Human Rights Watch destacó en un pronunciamiento que médicos de hospitales de todo el país indicaron haber derivado varios “casos sospechosos” para que se realizaran pruebas en el establecimiento Conchita Palacios del Ministerio de Salud, pero la institución ejerce un férreo control de la información y no había emitido ninguna declaración pública sobre la cantidad de pruebas realizadas ni los resultados.  

ANORMAL AUMENTO DE CASOS DE NEUMONÍA 

Un médico informó a Human Rights Watch sobre un aumento anormal de casos de neumonía, un dato que también podría sugerir una propagación más amplia del virus. 

El 6 de abril, el Ministerio de Salud rechazó la propuesta del obispo Rolando Álvarez de implementar un plan de prevención de la Covid-19 que incluyera consultas telefónicas con médicos y la posibilidad de que las personas recibieran tratamiento en seis lugares en Nicaragua. 

En un documento al que tuvieron acceso medios locales, como Despacho 505, el Ministerio de Salud anticipaba que podía llegar a haber más de 32.500 casos de coronavirus y 813 muertes en un lapso de seis meses.  

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“Estas cifras podrían provocar el colapso de un sistema de atención de la salud que ya se encuentra debilitado”, advierte HRW.  

No obstante, el régimen de Ortega no ha adoptado medidas de emergencia ante la pandemia y ha mantenido abiertas las escuelas y permite que tengan lugar servicios religiosos y eventos para turistas. 

La vicepresidenta Rosario Murillo ha alentado a las familias a que asistan a los festejos de Pascuas, si bien la Conferencia Episcopal de Nicaragua aconsejó que las personas vulnerables se quedaran en sus casas. 

LAS MEDIDAS QUE PROPAGAN EL VIRUS 

Diversas fuentes locales también han señalado que el gobierno desalienta el uso de mascarillas, incluso por parte de trabajadores de la salud, personal aeroportuario y policías, y un activista dijo que grupos oficialistas han hostigado a personas que las llevan puestas. 

Nicaragua es el único país de América Latina que mantiene abiertas sus fronteras, después de que Cuba las cerrara el 31 de marzo. Hay casos confirmados en todos los países de la región, que suman más de 2,000 en México y Panamá y cientos en Honduras y Costa Rica. 

Tras tomar conocimiento del primer caso del virus el 18 de marzo, el régimen nicaragüense envió a empleados públicos y voluntarios a los hogares para “concientizar” a la población sobre la Covid-19.  

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El Ministerio de Educación también ha indicado que los docentes vayan casa por casa a convencer a los padres de que sigan enviando a sus hijos a la escuela. 

El 7 de abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó preocupación por la respuesta de Nicaragua a la pandemia. Describió como “inadecuados” los métodos de prevención y control dispuestos por las autoridades y las instó a cumplir las recomendaciones de la organización para salvar vidas. 

CIDH LLAMA A RECONOCER EMERGENCIA 

A través de un pronunciamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que Nicaragua debería reconocer la “extrema gravedad” de la situación de la Covid-19 y adoptar medidas para proteger la salud pública. 

En particular, la comisión instó a Nicaragua a garantizar el acceso a la información pública y a autorizar el arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión para detenidos, priorizando a aquellos que presentan condiciones de salud que pueden exponerlos a un mayor riesgo de enfermedades graves si se produce un brote en las cárceles. La comisión también instó a la liberación de las 60 personas que aún permanecen encarceladas como resultado de la represión de 2018. El 8 de abril, el gobierno liberó a 1.700 personas con el pretexto de responder a la COVID-19, pero, según explicaron fuentes locales, no incluyó a ninguno de los detenidos en el contexto de la represión.