Comisionada de la CIDH a las Madres de Abril: “Es fundamental saber cómo y quiénes asesinaron a sus familiares”

Antonia Urrejola subrayó que las víctimas de la represión orteguista no pueden ser olvidadas.

MANAGUA — La comisionada y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, aseguró este domingo que la organización seguirá acompañando en la denuncia y en la reconstrucción de una Nicaragua que garantice a las víctimas el derecho a la verdad.

En un mensaje difundido en YouTube, Urrejola animó a los familiares de los asesinados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a seguir luchando en la búsqueda de la “memorias, la verdad y la justicia”

La relatora para Nicaragua mandó un mensaje a la Asociación Madres de Abril (AMA), a dos años de iniciadas las protestas. La dictadura orteguista es responsable de al menos 328 muertes, ejecutadas por policías y parapolicías.

“Nunca me voy a olvidar de esa fuerza, de ese valor, de ese coraje que cada una expresaba junto con un dolor inconmensurable”, añadió Urreloja.

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“Como relatora de Nicaragua quiero señalarle que lo sucedido en Nicaragua, a partir del 18 de abril, no es solo algo que marcó la labor de la Comisión, sino a mí, recuerdo la primera reunión en mayo, durante la primera visita a Nicaragua, con las madres, cuando aún no se habían organizado, nunca me voy a olvidar de esa fuerza y coraje que cada una de ustedes expresaba”, recordó.

Además, mencionó que “siempre me ha impactado como ustedes, frente al duelo no se quedaron inmovilizadas, sino que se han organizado y han establecido una lucha permanente para alcanzar la memoria, la verdad y la justicia, que es fundamental para cualquier país que en el futuro quiera ser democrático”.

“Es fundamental saber cómo y quiénes asesinaron a nuestros familiares, también sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”, dijo la comisionada Urrejola.

Señaló que no se puede olvidar a cada una de las 328 víctimas que fueron asesinadas por los policías o paramilitares durante las protestas, “por el solo hecho de ejercer su derecho a la manifestación pacífica”.

En una serie de mensaje en Twitter, la CIDH expresó que el acceso a la justicia, la verdad y una justa reparación exigen la participación de las víctimas como requisito para legitimar cualquier mecanismo que busque la protección de sus derechos y la superación de la crisis.

“La CIDH rechaza la revictimización a familiares y víctimas de la crisis de derechos humanos por la represión y la falta de medidas adoptadas por el Estados que garanticen el derecho a la verda, el acceso a la justicia y reparación”, refirió el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

QUINTA ETAPA DE REPRESIÓN

Este mismo organismo continental advirtió el 18 de abril que Nicaragua ha entrado a una nueva etapa de represión estatal.

La CIDH alertó que ha constatado la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas.

Ante estos hechos, la Comisión expresó su preocupación por el mantenimiento de un estado de excepción de hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.

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También menciona, en un comunicado de prensa, que en Nicaragua no se permite ninguna forma de disidencia, el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos, “consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido en el país desde el inicio de la crisis”.

“La CIDH ha recibido información sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y la criminalización en contra de personas opositoras, inclusive excarceladas, bajo procesos arbitrarios e ilegales”, asegura.

Daniel Ortega mantiene en sus celdas a al menos 70 opositores que han sido acusados de delitos contra la propiedad; portación, tenencia o tráfico de armas; y tráfico de drogas.