CIDH: Represión orteguista agravará la crisis por coronavirus en Nicaragua

Daniel Ortega se resiste a deponer la represión, persecución, hostigamiento e impunidad en Nicaragua. En medio de la pandemia por coronavirus puede tener consecuencias graves, advierte la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advierte que la persistencia de la represión en el país podría agravar la crisis sanitaria por coronavirus.

“La situación de derechos humanos en el país, caracterizada entre otras cosas por la falta de acceso adecuado a la información pública y por la falta de confianza en las autoridades, debido a la impunidad y la represión, afecta gravemente la capacidad del Estado para enfrentar las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia”, expresa el organismo en comunicado divulgado este domingo, al cumplirse dos años de su visita a Nicaragua.

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La alerta de la Cidh se produce cuando Nicaragua y, en particular, la administración de Daniel Ortega está en el foco mundial por sospechas de manipulación de información, denuncias de intimidación y amenazas al personal de Salud, deficiencias en el plan para enfrentar la pandemia, entre otras acciones que ponen en riesgo a la población más vulnerable.

La Cidh considera urgente que el régimen Ortega-Murillo cumpla sus recomendaciones para el restablecimiento de las garantías democráticas en el país y reitera su disposición a prestar asistencia técnica para ese fin.

REPRESIÓN E IMPUNIDAD

En general, el organismo identifica que en Nicaragua se mantienen patrones represivos contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, así como falta de voluntad para garantizar justicia, verdad y reparación apropiada, por los al menos 365 asesinatos cometidos en el contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018.

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Tras más de dos años de crisis sociopolítica, en Nicaragua “persiste un estado de excepción de facto, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder, valora la Cidh.

La Comisión identifica que la represión contra la oposición a mutado, pero la política de neutralizar cualquier expresión de disidencia o crítica se mantiene.

ORTEGA SE SOSTIENE CON REPRESIÓN

Además, condena que Daniel Ortega no ha cumplido una sola de las recomendaciones planteadas por el organismo para superar la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 18 de abril de 2018, entre estas la restitución plena de los derechos y libertades, liberación de presos políticos, garantías de justicia y desmantelación de los grupos armados y de choque.

Es más, la Cidh reporta que el Meseni “ha recibido numerosos testimonios que muestran de manera consistente que estos (los parapolicías y grupos armados) continúan operando en la realización de detenciones y otras acciones de hostigamiento, asedio y agresiones contra personas identificadas como opositoras, excarceladas, defensoras y periodistas”.

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A partir de 2019 el organismo observa “la práctica regular de detenciones con fines intimidatorios y acusaciones penales arbitrarias e ilegales”, y prueba de ellos son los más de 86 prisioneros políticos, apunta.

Frente a esta situación, la Comisión insta al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cesar la represión y permitirles acceso al país, lo mismo que a otros organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“La Comisión reitera que la apertura al escrutinio internacional es una condición favorable para la garantía de la democracia y el Estado de Derecho. En este sentido, exhorta al Estado a facilitar las visitas al país de la Cidh y su Meseni así como de otros organismos internacionales, como Oacnudh”, expresa en el comunicado difundido este domingo.

PERIODISTAS Y DEFENSORES EN PELIGRO

Entre otras cosas, la Comisión hace particular énfasis en el riesgo que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua.

Sobre la situación del periodismo, identifica acciones represivas para restringir la libertad de prensa: hostigamiento, vigilancia y agresiones contra los medios independientes en todo el país, sus periodistas y trabajadores.

“Más de 90 periodistas o personas trabajadoras de la prensa han debido partir al exilio debido a la represión estatal. Todos estos hechos muestran que el Estado no ha cumplido con la recomendación de la Comisión de garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión”, enfatiza.

AMENAZAN CON CÁRCEL A PERIODISTAS

En el contexto de la pandemia, periodistas independientes han denunciado un plan del régimen para judicializar a aquellos que reportan los casos y muertes que Ministerio de Salud no reporta, acusándolos de fabricar noticias falsas.

Desde perfiles falsos en redes sociales,operadores orteguistas dirigen  mensajes de odio en contra de la prensa independiente. Desde la cuenta Siempre Sandinistas, advierten que "están trabajando en la identificación de medios y dueños de perfiles que se han dedicado a difundir información falsa", relacionada al coronavirus en el país.

La misma vocera del régimen, Rosario amenazó con aplicar la Ley a aquellos que se encarguen de difundir "Fake News" sobre las acciones que realiza el régimen para enfrentar el régimen.

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Según la Cidh, reconoce que los defensoras de derechos humanos, periodistas y manifestantes corren alto riesgo por ese tipo de amenazas "campañas de estigmatización, hostigamiento, criminalización, seguimiento y vigilancia" cometidos por operadores del régimen.

El organismo también expresa preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, “debido a la falta de independencia judicial y a la aprobación de un conjunto de leyes contrarias al derecho internacional, entre ellas, la Ley de Amnistía”.

L Comisión también llama a garantizar el derecho a la verdad, justicia y una reparación apropiada por los numerosos casos de asesinatos en zonas rurales del país, así como por los ataques que han sufrido comunidades indígenas en las regiones autónomas del Caribe Nicaragüense. “La Cidhve con especial preocupación las denuncias, recabadas por el Meseni, que refieren la connivencia e incluso colaboración de agentes estatales en dichos hechos violentos y la falta de administración de justicia en esos casos”.

Finalmente, la Comisión manifiesta que continuará monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua y documentando los casos de violaciones de derechos humanos que se siguen registrando en el país, con miras a contribuir en la legítimamente anhelada realización de la justicia y conocimiento de la verdad de lo ocurrido por parte de las víctimas y sus familiares.