Régimen traspasa otras siete propiedades al INSS sin revelar ubicación ni medidas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la donación de siete propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ubicadas en Managua y Estelí. Sin embargo, los inmuebles no están identificados con dirección, medidas ni referencias geográficas, lo que impide confirmar si se trata de bienes confiscados a opositores políticos.

Los Acuerdos Presidenciales 58-2025 y 59-2025, publicados este martes en La Gaceta, instruyen a la Procuraduría General de la República (PGR) traspasar la titularidad de los bienes a favor del INSS. No se brinda ninguna descripción física ni ubicación exacta de los inmuebles.

En Managua, los bienes aparecen únicamente con Números Absolutos de Propiedad (NAP):

• BI-2KY0PPYO, Asiento 1
• BI-9A81SJ, Asiento 4
• BI-9AFEO6Y, Asiento 2
• BI-XER7EC, Asiento 2
• BI-9AGN0C3

Mientras que en Estelí, las propiedades están listadas como:

• BI-9AHUZSW, Asiento 5
• BI-2L1680GB

Silencio forzado por miedo

La falta de detalles sobre estas propiedades, sumado al historial del régimen, ha despertado sospechas de que podrían tratarse de bienes confiscados a ciudadanos opositores. Desde 2018, el régimen ha incautado decenas de propiedades pertenecientes a personas críticas del Gobierno, muchas de las cuales fueron posteriormente encarceladas, desterradas y despojadas de su nacionalidad.

Aunque varios opositores han logrado identificar sus antiguos bienes en anteriores donaciones al INSS, la mayoría opta por no denunciarlas públicamente. El temor a represalias contra familiares que aún permanecen en Nicaragua ha sido determinante para mantener el silencio. Esta situación refleja el nivel de coerción bajo el que vive la disidencia nicaragüense, incluso en el exilio.

Un patrón que se repite

Estas siete propiedades se suman a una larga lista de inmuebles transferidos al INSS en los últimos meses. El 9 de agosto de 2024, Ortega y Murillo ordenaron la donación de 72 propiedades confiscadas a opositores desterrados en febrero de 2023. En todos los casos, los documentos oficiales han omitido deliberadamente información clave que permita la identificación exacta de los bienes.

La narrativa oficial justifica las donaciones como parte de un esfuerzo para “fortalecer la Seguridad Social” y ampliar la cobertura del INSS. No obstante, la reiterada opacidad con la que se realizan estas transferencias refuerza la percepción de que se está institucionalizando el despojo como forma de castigo político.

La procuradora general, Wendy Morales, ha sido designada para representar al Estado junto al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, en la inscripción de las escrituras públicas de “donación” ante la Notaría del Estado.

Al no brindar datos verificables como dirección, extensión o linderos, estas transacciones dejan sin herramientas legales ni informativas a los posibles dueños originales. Esta forma de operar no solo excluye la transparencia, sino que borra del mapa a las víctimas del despojo, que en muchos casos han perdido sus viviendas, oficinas o propiedades productivas.