“Te llaman del banco y te interrogan”: así vigila el régimen las remesas que llegan a Nicaragua

Virginia tiene 65 años y vive en las afueras de Managua. Este año, con el apoyo de su hijo que trabaja en Estados Unidos, pudo iniciar unas remodelaciones que había pospuesto por años: reparar el techo y mejorar el interior de su vivienda. Poco después de recibir varias transferencias, recibió una llamada del banco.

“Me dijeron que tenía que ir de inmediato. Cuando llegué, comenzaron a preguntarme cosas como quién mandaba el dinero, por qué eran varios envíos, en qué lo estaba usando”, recuerda. “No había hecho nada fuera de lo común, pero me hicieron sentir que sí”.

Como Virginia, muchos nicaragüenses han empezado a modificar la forma en que reciben remesas desde el extranjero. No por razones fiscales o bancarias normales, sino por temor. Desde agosto de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzó su marco legal de vigilancia financiera, intensificando el control sobre las remesas familiares bajo el argumento de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Más poder para la vigilancia

Las reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos (Ley 977) y la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Ley 976) fortalecieron a esta última entidad, la UAF, dándole más herramientas para monitorear los flujos de dinero que ingresan al país. Bajo estas modificaciones, las agencias remesadoras y los bancos deben identificar a quienes envían y reciben remesas y reportar movimientos que consideren “inusuales”, un término que la ley no define con claridad.

Esos reportes pueden derivar en congelamiento de fondos o investigaciones por parte de la Policía y la Fiscalía. En la práctica, muchas familias han optado por dividir los envíos o utilizar varias cuentas bancarias para evitar alertas automáticas del sistema financiero.

“Antes alguien podía mandar 500 dólares a una cuenta sin problema. Ahora ese mismo dinero se parte en dos o tres depósitos, a veces enviados a distintas personas”, explica un empleado bancario que pidió no revelar su identidad. Asegura que la vigilancia alcanza también al personal de las instituciones financieras. “Incluso nuestros propios movimientos son supervisados. Si hacemos un depósito que supera los mil dólares, debemos justificarlo claramente, aunque sea producto de nuestros ahorros”.

El efecto no es menor: un ambiente de desconfianza generalizada sobre una de las pocas fuentes estables de ingresos que tienen centenares de miles de familias.

El sustento de un país bajo sospecha

La economía nicaragüense depende, cada vez más, del dinero que llega desde el extranjero. En 2024, el país recibió un récord de 5.243 millones de dólares en remesas familiares, lo que representa un 26,62% de su Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Central de Nicaragua. El 82,8% de esas remesas provino de Estados Unidos, el principal destino de la diáspora nicaragüense.

Estos recursos sostienen la alimentación, educación, salud y vivienda de miles de hogares. Sin embargo, el régimen no solo no ha facilitado este flujo, sino que ha sumado obstáculos que convierten la ayuda familiar en un motivo de alerta.

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La vigilancia no es nueva en Nicaragua, pero su extensión sobre las finanzas personales marca una fase distinta. La represión ya había alcanzado a empresarios, sacerdotes, organizaciones sociales y ciudadanos críticos del régimen. Ahora se proyecta sobre gestos privados: enviar o recibir dinero desde el extranjero puede desencadenar una llamada, una citación, una investigación.

“Le dije a mi hijo que no mandara tanto de una sola vez”, cuenta Virginia. “No porque esté haciendo algo ilegal, sino porque me preocupa que sigan molestando”.

El régimen no ha explicado públicamente cómo define lo que considera "movimientos sospechosos" ni ha transparentado cuántos casos ha investigado o bloqueado. Pero el efecto disuasorio ya está instalado. Quienes dependen de las remesas lo saben: cada transacción puede convertirse en una nueva forma de exposición ante un Estado que vigila sin dar explicaciones.

Mientras las familias intentan adaptarse, el régimen consolida su control sobre los hilos económicos más íntimos de la sociedad. En Nicaragua, recibir apoyo de un familiar migrante se ha vuelto no solo un acto de necesidad, sino también un riesgo.