CIDH denuncia en su Informe Anual 2024 la radicalización del régimen represivo en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó nuevamente a Nicaragua en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2024, señalando al país como uno de los escenarios más graves en la región en materia de derechos humanos. El informe documenta un patrón persistente de represión, persecución y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, consolidando lo que califica como un "régimen totalitario".

Durante 2024, la Comisión registró la profundización del control autoritario por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Uno de los hechos más relevantes fue la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2024, que modificó más de 100 artículos de la Carta Magna:

“ Estableciendo un modelo de ‘democracia directa’ que centraliza el poder en la Presidencia de la República, encabezada por un co-presidente y una co-presidenta”.

Además, el informe denuncia la “toma de facto” del sistema de justicia, despidos masivos en instituciones públicas y reformas legales diseñadas para exportar la represión más allá de las fronteras nicaragüenses. La CIDH también destacó el carácter sistemático de la violencia estatal:

“En 2024, la CIDH observó la persistencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Estas incluyen detenciones arbitrarias, denuncias de desaparición forzada, graves condiciones de detención y hechos de tortura”.

La Comisión alertó que el régimen represivo ya no se dirige únicamente contra opositores políticos o sus familias, sino que también alcanza a simpatizantes del gobierno y a la ciudadanía en general.

Uno de los puntos más críticos fue la política de privación arbitraria de la nacionalidad, que se intensificó en 2024.

“La CIDH repudió la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense de 135 personas [...] y calificó esta medida como una de las formas más severas de la represión empleadas por el régimen”.

El 5 de septiembre de 2024, estas personas —en su mayoría opositoras— fueron excarceladas y expulsadas del país. Pocos días después, el Estado anunció la confiscación de sus bienes. Desde 2023, al menos 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad.

Libertad religiosa

La CIDH también documentó restricciones a la libertad religiosa, incluyendo vigilancia de misas, detenciones de sacerdotes y la prohibición de celebraciones en espacios públicos:

“Persiste la persecución de integrantes de la Iglesia Católica, mediante detenciones arbitrarias, criminalización e incluso el destierro”.

En materia de sociedad civil, el informe denuncia una ofensiva sistemática que ha llevado al desmantelamiento de miles de organizaciones no gubernamentales.

“Desde 2018, el gobierno ha cancelado más de 5.000 organizaciones, de un total de 7.227 registradas, consolidando uno de los regímenes represivos más graves de la región”, cita el informe.

La Comisión justificó la inclusión de Nicaragua en el Capítulo IV.B por la existencia de violaciones graves a los elementos fundamentales de la democracia representativa, tal como lo establece el artículo 59 de su Reglamento.

La CIDH reiteró su llamado a la comunidad internacional para mantener la atención sobre la situación de Nicaragua y a redoblar los esfuerzos para restablecer el Estado de Derecho, las garantías democráticas y el respeto a los derechos humanos.

LEA: Murillo continúa ataques contra la Unesco y amenaza: "No se atrevan con Nicaragua"

Entre las medidas denunciadas, la CIDH destaca la reforma constitucional aprobada el 22 de noviembre de 2024, que modificó más de cien artículos y estableció un modelo de "democracia directa", el cual concentra el poder en la Presidencia, ahora compartida por un co-presidente y una co-presidenta con mandatos de seis años. Esta reestructuración, según la Comisión, “elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo” y otorga facultades discrecionales para destituir a funcionarios que no se alineen con los “principios fundamentales” del régimen.

Represión llega a simpatizantes del régimen

En 2024, la represión se extendió incluso a simpatizantes del gobierno y funcionarios públicos, afectando también a la sociedad en general. Las elecciones en la Costa Caribe —una de las pocas regiones donde aún se mantenía un mínimo espacio democrático— estuvieron marcadas por represión, despidos masivos, y control institucional por parte de personas afines al Ejecutivo.

La CIDH documentó un patrón de violaciones graves a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad, destierro, persecución religiosa, y vigilancia del entorno digital. Particular preocupación generó el trato recibido por mujeres e indígenas en prisión, quienes enfrentaron abusos adicionales por motivos de género e identidad cultural.

El 5 de septiembre de 2024, 135 personas consideradas opositoras fueron excarceladas y expulsadas a Guatemala. En los días siguientes, el régimen les privó arbitrariamente de la nacionalidad y confiscó sus bienes. Desde 2023, al menos 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad.