CIDH denuncia represión, violencia y despojo contra pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en su más reciente informe anual un preocupante agravamiento de la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua, marcado por represión estatal, violencia territorial y la eliminación de espacios de participación política autónoma.

Según el informe, durante las elecciones regionales de marzo de 2024, se desplegó una “estrategia represiva […] con el fin de transmitir un mensaje de control y temor en contra de los movimientos indígenas y afrodescendientes, así como limitar su participación”. La Comisión alertó desde febrero sobre la ausencia de condiciones para comicios libres y justos, debido al cierre del espacio cívico, la militarización de los territorios y la persecución de liderazgos comunitarios.

La jornada electoral fue señalada por graves irregularidades. Según el observatorio Urnas Abiertas, se documentó “la compra de votos mediante dádivas y promesas de inclusión en programas asistencialistas”, así como “la movilización masiva de votantes externos a las regiones autónomas”. Por primera vez desde 1990, ningún partido indígena o afrodescendiente encabezó una boleta electoral.

Con el 88,95 % de los votos, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo todos los cargos de elección. Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), esta victoria aplastante permitió “reforzar aún más el control indebido en las regiones autónomas de la Costa Caribe, que habían sido las últimas zonas donde la actividad política independiente aún no había sido totalmente suprimida en el espacio público” .

Violencia se intensifica

La CIDH también alertó sobre la intensificación de la violencia territorial contra comunidades indígenas, especialmente en la Costa Caribe Norte. En los primeros seis meses de 2024, organizaciones civiles documentaron 643 violaciones a derechos humanos, incluyendo asesinatos, secuestros, quema de viviendas, amenazas y agresiones. “En 2024, registraron el asesinato de cuatro personas indígenas, lo que elevaría a 75 muertes documentadas desde el 2013”, señaló la CIDH.

El informe añade que el 78 % de las agresiones ocurrieron en comunidades con medidas de protección otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que refleja una alarmante falta de implementación efectiva por parte del Estado.

Además, la represión se ha traducido en criminalización de defensores del territorio. “En el primer semestre de 2024, organizaciones indígenas registraron 37 casos de guardabosques criminalizados por el gobierno”, indicó la CIDH. Entre ellos, once autoridades tradicionales del pueblo Mayangna están detenidas con condena firme, pese a que cuatro de ellas cuentan con medidas de protección del sistema interamericano.

También se denunció la detención del líder indígena Steadman Fagoth por el Ejército de Nicaragua el 15 de agosto de 2024, un día después de su captura. En paralelo, la CIDH reportó el otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas, sin la realización de un proceso de consulta de conformidad con los estándares internacionales.

Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto de reforestación “Bio-CLIMA”, financiado por el Fondo Verde para el Clima (FVC), el BCIE y el FMAM. Diversos mecanismos de Naciones Unidas denunciaron que su implementación violaba derechos a la tierra, territorio, consulta y consentimiento libre, previo e informado (párr. 98). Como consecuencia, el 7 de marzo de 2024, el FVC rescindió el proyecto debido al incumplimiento de sus políticas y salvaguardas sociales y ambientales.

Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por “la elevada vulnerabilidad e impunidad de la violencia de género, incluyendo violencia sexual, asesinatos, desplazamiento interno, desalojos forzosos” sufrida por mujeres indígenas y afrodescendientes. Subrayó la situación crítica de las mujeres wilú en Bosawás y en el territorio Mayangna Sauni, y denunció la “ausencia de avances en la demarcación de tierras y la expedición de títulos de propiedad”.

Ante este panorama, la CIDH hizo un llamado urgente al Estado de Nicaragua a “cesar la represión contra las comunidades indígenas y afrodescendientes”, y a adoptar “medidas urgentes y diferenciadas dirigidas a proteger los territorios y recursos naturales”, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.