Centros de adicciones en propiedades confiscadas dejarán hasta C$350 millones a una fundación fantasma

El Minsa promueve la apertura de ocho centros de rehabilitación para personas con adicciones, gestionados por una fundación de la que no se conoce registro y cuyos miembros permanecen en el anonimato.

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Despacho 505
  • Managua, Nicaragua
  • mayo 10, 2025
  • 10:00 AM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha anunciado la apertura de ocho centros de rehabilitación para personas con dependencia al alcohol y otras sustancias, ubicados en propiedades confiscadas a organizaciones de la sociedad civil en distintos departamentos del país. A diferencia de otras iniciativas gratuitas implementadas en inmuebles expropiados, estos centros, avalados por el Ministerio de Salud (Minsa), representan un negocio que podría generar hasta 350 millones de córdobas anuales para la Fundación Nuevos Días, una entidad de la que no se encuentra registro legal ni información pública sobre sus miembros.

Los "Centros de Recuperación de Adicciones Nuevos Días" están ubicados en Carazo, Boaco, Matagalpa, Estelí, Chinandega, Rivas, Managua y Nueva Segovia. Por ejemplo, el centro de Matagalpa opera en una propiedad confiscada a la organización Puerta de la Montaña, cuyos miembros fueron desterrados en septiembre del año pasado. Otros centros funcionan en instalaciones que habían sido cerradas en enero de este año tras denuncias de agresiones físicas, torturas y hacinamiento.

Cuatro meses después, estos centros reabren bajo una alianza entre la Fundación Nuevos Días y el Minsa, que destina recursos públicos y personal para su funcionamiento. Llama la atención que es la directora del Silais Managua, Meyling Brenes, quien ha promovido estos centros en medios oficialistas en nombre de la Fundación Nuevos Días, mientras que los fundadores de esta organización permanecen en el anonimato.

Los ocho centros tienen capacidad para atender al menos a 500 personas cada uno, sumando un total de 4,000 pacientes en todo el país. Cada paciente debe pagar 7,300 córdobas mensuales, lo que podría generar ingresos de hasta 29.2 millones de córdobas al mes, equivalentes a 350.4 millones de córdobas al año.

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El Minsa destaca que los centros están equipados y ofrecen espacios para recreación, terapias individuales y grupales, así como terapia ocupacional y de oficio. Algunos cuentan con canchas de fútbol, piscinas y áreas verdes para actividades deportivas y recreativas. Sin embargo, estas propiedades han sido confiscadas, y la Fundación que los opera no ha realizado una inversión significativa para su funcionamiento.

¿Quién está detrás de la Fundación Nuevos Días?

En Nicaragua, las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro deben seguir un proceso específico para obtener personalidad jurídica, que incluye la elaboración de una escritura pública de constitución y estatutos, la presentación ante la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior registro en el Ministerio del Interior. Finalmente, esta concesión debe ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial.

Sin embargo, no hay rastro de la Fundación Nuevos Días en La Gaceta, ni en los registros del Ministerio del Interior o la Asamblea Nacional. No se conocen sus fundadores ni su junta directiva, y no tiene presencia pública verificable. No hay presencia en redes sociales ni página web. A pesar de ello, está recibiendo el control de propiedades confiscadas por el Estado para operar un proyecto nacional.

Esta fundación podría recibir hasta 9.6 millones de dólares al año en concepto de cobros a las familias de los ingresados, sin que exista información sobre el destino de ese dinero, quién lo administra ni bajo qué regulación. La falta de transparencia y la ausencia de información pública sobre la Fundación Nuevos Días plantean serias dudas sobre la legalidad y legitimidad de un negocio que ha sido promovido por la codictadora Rosario Murillo

En un país donde más de 3,000 organizaciones no gubernamentales han sido ilegalizadas por supuestamente incumplir con sus obligaciones legales, el surgimiento de esta fundación en la absoluta opacidad genera dudas. ¿Cómo puede una fundación operar con recursos públicos y patrimonios confiscados sin cumplir con los requisitos legales establecidos? ¿Por qué se le entregan bienes estatales y se le permite cobrar por servicios sin transparencia? Lo que parece un modelo de salud pública, en realidad se perfila como un negocio millonario manejado desde las sombras.

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