Inseguridad sin precedentes en Nicaragua: 96,26 % de los ciudadanos percibe un aumento de la criminalidad y la violencia

Nicaragua enfrenta una crisis de seguridad ciudadana sin precedentes. Bajo un régimen autoritario que ha desmantelado la institucionalidad democrática, el miedo, la violencia y la impunidad se han instalado en la vida cotidiana de los nicaragüenses. Así lo confirma el más reciente informe de la Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS), en el que el 96.26% de las personas encuestadas asegura que la criminalidad ha aumentado en el país.

El estudio, correspondiente al segundo trimestre de 2025 y aplicado en 40 municipios del país, identifica que la percepción de inseguridad ha escalado a niveles alarmantes en el último  año.

“Este dato, prácticamente igual al del trimestre pasado, denota que la situación de seguridad ciudadana en el país se mantiene en deterioro, sin que los aparatos policiales y judiciales demuestren la capacidad o el interés de hacerle frente a esta creciente crisis”, señala el organismo.

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Según Hagamos Democracia, el actual estado de inseguridad no puede entenderse sin considerar el contexto político: una estructura estatal que ha sido instrumentalizada para la persecución de la disidencia política y el control absoluto del poder por parte del régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Estos datos refuerzan la percepción de que el aparato de seguridad del Estado está enfocado en perseguir, controlar y reprimir a la disidencia política”, agrega el informe.

Entre las causas principales de la inseguridad percibida, el estudio menciona la presencia de grupos armados irregulares que actúan con el consentimiento de las fuerzas del orden, lo cual les permite delinquir libremente y, en muchos casos, operar en coordinación con el régimen.

Esos grupos armados actúan impunemente en Nicaragua a partir de 2018 y fue la Policía y Ejército, bajo las órdenes de Daniel Ortega quienes les propocionaron las armas para reprimir las manifestaciones ciudadanas que detonó una reforma inconsulta a la Seguridad Social que afectaba las pensiones de los adultos mayores y que debido a la violenta respuesta oficial derivó en el mayor alzamiento cívico de las últimas décadas.

Ciudadanía expuesta

A esto se añade el hecho de que la Policía y otros órganos de seguridad están más enfocados en el control político que en la prevención del delito, dejando a la ciudadanía expuesta a todo tipo de amenazas. El documento también destaca la liberación discrecional de miles de presos comunes de los sistemas penitenciarios, supuestamente por buen comportamiento, lo que ha genera desconfianza y temor entre la población.

En la última década, la dictadura ha liberado a almenos 48.964 presos comunes bajo el régimen de convivencia familiar. La dictadura ha defendido el "perdón" otorgado a reos condenados por delitos comunes asegurandoselas que solo el 7,18% —es decir, 3.515 personas— ha reincidido en la comisión de delitos.

El informe contextualiza esta situación dentro de un estado de excepción de facto, en el que las libertades públicas están suspendidas, los medios independientes han sido silenciados o forzados al exilio, y más de un millón de personas han abandonado el país en busca de protección internacional.

“El gobierno ha impuesto una narrativa de normalidad y progreso, mientras los nicaragüenses enfrentan el alto costo de vida y el desempleo”, destaca el texto.

La Asociación Hagamos Democracia es una institución legalmente acreditada, de carácter civil y sin fines de lucro, cuya misión es promover la difusión y el ejercicio de los valores democráticos en Nicaragua. Esta es la décima consulta ciudadana que realiza desde diciembre de 2022, en un esfuerzo por registrar y visibilizar la percepción real de la ciudadanía frente a un régimen que intenta controlar la información y monopolizar el discurso público.