Persisten los femicidios en Nicaragua pese a las 423 comisarías de la mujer: 35 mujeres asesinadas en lo que va de 2025

La violencia feminicida en Nicaragua continúa cobrándose vidas de mujeres a un ritmo alarmante, mientras las estrategias institucionales demuestran una ineficacia cada vez más evidente. De acuerdo con datos recopilados por la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año 35 mujeres han sido víctimas de femicidio, incluyendo 21 casos ocurridos en el primer trimestre, 6 en abril y 7 en los primeros quince días de mayo.

La organización expresa su profunda preocupación ante la falta de resultados de las 423 comisarías de la mujer que existen actualmente en el país. Estas entidades, destinadas a la atención y prevención de la violencia de género, no están cumpliendo su propósito, advierten, debido a una combinación de falta de capacitación del personal, desmantelamiento legal y ausencia de voluntad política.

“Estas estructuras son solo edificios sin contenido real. El personal no cuenta con formación especializada, no se aplica debidamente la Ley 779 porque ha sido restringida, y no existen políticas públicas integrales para detener esta tragedia nacional”, denuncia Católicas por el Derecho a Decidir.

Radiografía del trimestre más reciente

Entre enero y marzo de 2025 se documentaron 21 femicidios. Las víctimas se distribuyen en distintas regiones del país: Managua (3), León (2), RAAS (2), RAAN (1), Nueva Segovia (1), Boaco (1), Juigalpa (1) y Jinotega (1), mientras que 9 víctimas eran mujeres extranjeras, reflejando también el carácter transfronterizo de la violencia.

El ámbito privado fue el principal escenario de los crímenes (14 casos), lo que confirma la persistencia de la violencia intrafamiliar. Los vínculos entre agresores y víctimas revelan que la mayoría eran parejas actuales (9 casos), seguidos por ex parejas (2), familiares como padres y sobrinos (3 casos en total), conocidos (2) y desconocidos en al menos 5 casos.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 7 y más de 56 años, con la mayoría entre los 31 y 55 años. Se resalta particularmente el caso de una niña de 7 años, asesinada junto a su madre por su propio padre en una zona fronteriza con Costa Rica. También se documentó el feminicidio de una adolescente de 17 años, evidenciando que la violencia no tiene límite de edad.

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En cuanto a la situación judicial, la organización reporta que solo un femicida ha sido condenado, dos se suicidaron tras cometer el crimen, once están siendo procesados, seis se encuentran prófugos y uno quedó impune debido a una tipificación legal inadecuada.

“La impunidad está afectando cada día más a las familias. Aunque algunos casos están en proceso, los prófugos siguen libres. Incluso cuando hay condenas, los agresores son liberados bajo figuras como la ‘convivencia familiar’. No hay transparencia, ni comunicación con las víctimas”, señala la organización.

Esta situación ha generado un clima generalizado de desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. Las familias de las víctimas enfrentan múltiples barreras: desde la revictimización hasta la falta de información sobre el curso de los procesos o los beneficios penitenciarios que se otorgan a los agresores.

Comisarías de la mujer: presencia sin efectividad

Pese al anuncio gubernamental de que existen 423 comisarías de la mujer en todo el país, Católicas por el Derecho a Decidir sostiene que estas no representan una solución real ni efectiva frente a la violencia de género.

“No basta con abrir comisarías si estas no cuentan con personal capacitado, ni tienen protocolos efectivos ni visión de género. La ley que debería proteger a las mujeres ha sido vaciada de contenido. No hay especialización, ni seguimiento, ni articulación con otras instancias del Estado”, lamentan.

La organización señala que además del femicidio, se han incrementado los casos de abuso sexual, acoso, desapariciones y amenazas, sin que exista una respuesta institucional clara y eficaz. En muchos casos, denuncian, las mujeres no acuden a las comisarías porque no confían en el sistema, o porque han sido revictimizadas o ignoradas en denuncias anteriores.

Llamado urgente

Católicas por el Derecho a Decidir exige al Estado nicaragüense que restituya plenamente la Ley 779, dote de capacitación especializada y recursos a las instituciones de atención, y que se desarrolle una estrategia nacional de prevención con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad.

“Cada mujer asesinada representa una vida truncada, una familia devastada y un fracaso institucional. No podemos seguir normalizando esta tragedia diaria. El Estado debe asumir su responsabilidad y priorizar la vida y la dignidad de las mujeres en Nicaragua”, concluyen.