Régimen de Ortega transforma la apatridia en política de Estado con reforma constitucional

La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país. Para el defensor de derechos humanos Braulio Abarca, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, se trata de un intento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por legalizar la represión política a través de la desnacionalización, mientras que el líder opositor Juan Sebastián Chamorro calificó la medida como propia de un régimen que ha “perdido contacto con la realidad”.

La reforma, aprobada el 16 de mayo en primera legislatura con el voto a mano alzada de 91 diputados oficialistas, modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución. A partir de su eventual ratificación en una segunda legislatura, la nacionalidad nicaragüense se perderá automáticamente al adquirir otra, con excepción de los ciudadanos centroamericanos por nacimiento. Además, los extranjeros que deseen naturalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, eliminando cualquier posibilidad de doble nacionalidad.

Abarca advirtió que esta reforma no es un simple cambio legal, sino la formalización de una política de persecución, que ha dejado sin ciudadanía a cientos de nicaragüenses críticos del régimen.

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“Esta reforma viene a legalizar la desnacionalización arbitraria que ya se aplica en Nicaragua. Es una violación flagrante al derecho a la nacionalidad y a las normas internacionales que protegen a las personas de la apatridia”, afirmó.

Desde 2021, más de 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad. Abarca recordó que, además de ese derecho fundamental, también se les han confiscado bienes, pensiones, viviendas y cuentas bancarias, lo que constituye una violación sistemática de múltiples derechos.

“Estamos ante una apatridia de facto. Ciudadanos perseguidos no pueden volver al país y se enfrentan a un limbo legal. Esto no tiene precedentes en América Latina en décadas”, agregó el defensor.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más ha documentado cientos de estos casos, muchos de los cuales involucran a personas exiliadas en países como Estados Unidos, Guatemala, España y otros.

 “El régimen actúa para sembrar temor”

El excarcelado político y dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, actualmente desterrado y sin nacionalidad, también reaccionó duramente:

“Esta es una decisión típica de un régimen que ha perdido todo contacto con la realidad y actúa bajo la motivación de generar sometimiento y temor en la gente. Se creen dueños de los destinos de las personas. Este tipo de medida solo generará más repudio, incluyendo algunos entre sus pocos seguidores”, afirmó.

Chamorro fue uno de los 222 presos políticos expulsados y desnacionalizados en 2023. Para él, esta reforma profundiza la deriva autoritaria del régimen y busca dejar sin derechos políticos, civiles y patrimoniales a toda persona considerada adversaria del oficialismo.

Llamado urgente a la comunidad internacional

Abarca concluyó haciendo un llamado a la comunidad internacional para que condene y actúe ante esta reforma.

“Desde abril de 2018, Nicaragua ha violado sistemáticamente sus compromisos internacionales. Esta reforma es otra señal clara de que el régimen busca eliminar toda disidencia incluso desde el plano jurídico. No puede haber silencio ante semejante agresión contra los derechos fundamentales”, dijo.

La reforma aún debe ser ratificada en una segunda legislatura. Sin embargo, tanto defensores de derechos humanos como sectores de la oposición consideran que su aprobación preliminar ya envía un mensaje de consolidación del autoritarismo jurídico en Nicaragua.