Francisco Díaz impone control policial sobre jueces en casos de ocupación de propiedades
Una circular interna de la Policía, firmada por el comisionado Francisco Díaz, ordena que ningún embargo, desalojo, ocupación de bienes ni captura por conflictos de propiedad o deudas podrá ejecutarse sin autorización previa de la jefatura policial.
La Policía de Nicargua, bajo el mando del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha emitido una circular que refuerza su control sobre el sistema de justicia, subordinando la actuación de los jueces a la autorización policial en casos de propiedad, deudas y delitos patrimoniales.
La directriz, fechada el 4 de mayo de 2025 y firmada por el Primer Comisionado General Francisco Javier Díaz Madriz, impone que “los jefes previo a la ejecución de órdenes u oficios judiciales que impliquen el embargo, ocupación de bienes por deudas o desalojo de propiedades, deberán estar autorizados por el suscrito Comisionado General Victoriano Ruíz Urbina”.
La circular, dirigida a jefes de delegaciones policiales, especialidades nacionales y órganos de apoyo, establece además que la ocupación de propiedades, terrenos, vehículos u otros bienes como parte de investigaciones por estafa, estelionato o usurpación de dominio privado, también requiere aprobación directa de la jefatura.
Asimismo, se ordena suspender la ejecución de órdenes de captura por estos delitos. “Las órdenes de captura por delitos patrimoniales (estafas, estelionatos o vinculadas a temas de propiedad o deudas), no serán ejecutadas, deberán informar y requerirán autorización del suscrito y C.G. Victoriano Ruíz Urbina”, señala el documento.
Interferencia en el Poder Judicial
Como requisito adicional, la Policía demanda a sus mandos fundamentar las solicitudes de autorización “con los resultados del levantamiento de la situación operativa, criterios del tendido territorial, caracterización de las personas implicadas y datos de los jueces que emitieron los oficios u órdenes de captura”.
Esta disposición refuerza el poder discrecional de la cúpula policial sobre decisiones judiciales ordinarias, lo que representa una grave interferencia en la independencia del Poder Judicial y un paso más hacia la instrumentalización de las instituciones estatales en función del control político del régimen.
Esta medida institucionaliza la subordinación de jueces a los mandos policiales y es un mensaje claro de que en Nicaragua no manda la ley.
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