Reforma contra la doble nacionalidad institucionaliza el exilio forzado, denuncian organizaciones

Organizaciones de derechos humanos y sectores opositores denunciaron que la reciente reforma constitucional impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que elimina la doble nacionalidad para los nicaragüenses que se naturalicen en el extranjero, constituye un acto de represión política, persecución extraterritorial y destierro forzado. La medida, aprobada el pasado viernes 16 de mayo, busca castigar a quienes han reconstruido sus vidas fuera del país, borrando su ciudadanía de origen como mecanismo de venganza.

Para miles de exiliados que han encontrado refugio y nuevas oportunidades en países como Costa Rica y España, la naturalización ha sido parte de un proceso de reconstrucción personal y colectiva tras la represión que estalló en 2018. Con esta reforma, el régimen pretende convertir esa decisión en una forma de castigo, negando el derecho a la identidad y al vínculo con su país.

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El Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica (SJM-CR), organización que acompaña a cientos de personas nicaragüenses refugiadas en ese país, calificó la medida como un paso más en la represión del régimen. “Esta medida profundiza la represión contra las personas que han sido forzadas a huir”, expresó la organización en una declaración pública.

El SJM-CR advirtió que la dictadura de Nicaragua continúa actuando bajo una “lógica de venganza y exilio forzado” que no se detiene en las fronteras. A pesar de esta ofensiva, el organismo jesuita sostuvo que el régimen no podrá extinguir “la memoria, la resistencia y el deseo profundo de los ciudadanos de volver a una Nicaragua libre”.

CALIDH: "La nacionalidad no es un regalo"

Por su parte, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) rechazó enérgicamente la reforma constitucional, calificándola como un acto de “violencia” y una manifestación de “persecución política extraterritorial”. En su comunicado titulado “¡La nacionalidad no es un regalo!”, la organización señaló que esta acción evidencia el uso arbitrario del poder legislativo para “avalar prácticas que violan derechos fundamentales”.

CALIDH subrayó que la nacionalidad no es un título ni una concesión del Estado, sino un derecho humano básico, íntimamente ligado al arraigo, la identidad y el sentido de pertenencia. “La nacionalidad tampoco es una condición ni una situación: es un derecho personalísimo”, afirmó. La organización remarcó que aunque estas reformas carecen de legitimidad jurídica, sí tienen consecuencias “profundamente represivas”.

Monteverde: “Una aberrante reforma”

Desde el ámbito político, la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde calificó la reforma como una “aberración jurídica” que viola instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. “Esta aberrante reforma violenta los principales tratados y convenios en materia de derechos humanos que prohíben la privación arbitraria de la nacionalidad”, señalaron en un pronunciamiento público.

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Monteverde advirtió que la reforma también contradice acuerdos bilaterales de doble nacionalidad, como los existentes con países como España, lo que podría tener implicaciones diplomáticas. Además, criticaron el carácter revanchista de la medida: “Esta reforma muestra una vez más el odio y crueldad que caracteriza a la dictadura, que ahora no solo ataca a sus adversarios políticos sino que pretende dañar a quienes se han visto forzados a migrar por razones políticas o económicas”.

Desde el año 2023, al menos 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense —una acción que recuerda prácticas totalitarias del siglo XX—, mientras otras han sufrido la confiscación ilegal de sus bienes, una forma de castigo económico por disentir o simplemente por pensar diferente.