Temor entre miles de nicaragüenses nacionalizados en España por la reforma que prohíbe la doble nacionalidad

En los últimos diez años, casi 18.000 nicaragüenses se han nacionalizado en España, 76 % mujeres, en busca de seguridad y oportunidades frente a la crisis política y social que vive Nicaragua. Con la reforma constitucional que despoja de la nacionalidad nicaragüense a quienes obtengan otra, estas personas enfrentarían una realidad compleja y hostil: la pérdida de derechos civiles y políticos en su país de origen, la posibilidad de que sus propiedades sean confiscadas y la prohibición o dificultades para ingresar legalmente al país.

La doble nacionalidad, que antes era un derecho reconocido, se convierte en una herramienta para castigar a quienes elijan migrar y establecerse en el extranjero, generando miedo e incertidumbre en miles de nicaragüenses dispersos por el mundo, principalmente quienes han sido indentificados como opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Un total de 17.965 nicaragüenses adquirieron la nacionalidad española entre 2013 y 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España enviados a DESPACHO 505. La cifra podría ser mayor al tener en cuenta los procesos de nacionalización de migrantes en años anteriores y revela la magnitud del éxodo nicaragüense hacia España en la última década.

La mayoría de estas personas residen actualmente en España, donde la comunidad nicaragüense supera los 87,000 residentes legales. Si se descuenta el grupo ya nacionalizado, quedan al menos 69,000 nicaragüenses con residencia legal, muchos de ellos en camino a la nacionalización, ya que este país exige solo dos años de residencia legal continuada para conceder la nacionalidad a ciudadanos de países iberoamericanos.

Aunque en teoría la reforma constitucional no tiene carácter retroactivo, en la práctica, el régimen de Ortega y Murillo ha demostrado aplicar las leyes de forma selectiva y discrecional. La nueva norma —que entraría en vigor tras su aprobación definitiva en 2026— podría usarse tanto para despojar de la nacionalidad a quienes adquieran otra ciudadanía a partir de su entrada en vigor, como también para justificar la retirada de la nacionalidad a quienes ya la poseen, amparándose en interpretaciones políticas más que jurídicas.

"José Miguel", un joven de 27 años originario de Managua, llegó a España en 2021. Estudia por las mañanas y trabaja por las tardes, y desde hace más de un año y medio espera la resolución de su solicitud de nacionalidad española. Su pasaporte nicaragüense se venció y las autoridades consulares se negaron a renovárselo. “Me dejaron en el aire”, cuenta.

La nacionalidad española representa para él una vía para recuperar la posibilidad de viajar, incluso para volver a ver a su abuela enferma en Managua. Pero la reforma lo ha dejado en una encrucijada. “Si me dan la nacionalidad española, ¿eso quiere decir que voy a perder la nicaragüense? ¿Ya no voy a poder volver? ¿Me van a tratar como extranjero en mi propio país?”, se pregunta. Su historia representa a decenas de miles de jóvenes migrantes nicaragüenses que han construido una vida en el extranjero sin renunciar a sus raíces, pero que ahora se ven obligados a elegir.

Más de 20.000 han solicitado asilo y tienen opción a nacionalizarse

De forma paralela, desde 2018 han llegado a España más de 20,000 nicaragüenses solicitando asilo político. De estos, alrededor de 3,000 han recibido una resolución favorable —es decir, protección y residencia legal con posibilidad de nacionalizarse—, mientras unos 16,000 siguen a la espera de respuesta por parte de las autoridades. 

Al menos 107,000 nicaragüenses en España, entre nacionalizados, residentes legales y solicitantes de asilo pendientes, podrían verse afectados directa o indirectamente por la reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad.

Desde Zaragoza, "María Eugenia" mira con preocupación las noticias que llegan desde Nicaragua. Originaria de Chinandega, vive en España desde hace 14 años y obtuvo la nacionalidad española hace cinco. Cada Navidad regresa al país para visitar a sus padres y disfrutar de la casa que construyó con el dinero que ha ahorrado trabajando como empleada doméstica.

Aunque no ha tenido problemas hasta ahora, teme que la nueva reforma constitucional le cierre definitivamente las puertas de su propio país. Uno de sus hijos participó en las protestas de 2018 y ahora está exiliado también en España. “Con eso ya estoy marcada”, comenta. El temor no es solo a que le quiten la nacionalidad, sino a que le impidan entrar o incluso que confisquen la casa que logró construir con años de sacrificio.

Convenio de doble nacionalidad entre España y Nicaragua

El Convenio de Doble Nacionalidad entre España y Nicaragua, firmado en 1961, establece que los ciudadanos de ambos países pueden adquirir la nacionalidad del otro sin perder la suya, reconociendo así el derecho a la doble nacionalidad. Este acuerdo, ratificado por ambos países, busca facilitar la movilidad y garantizar derechos a las personas con vínculos en ambos países.

La reforma constitucional recientemente aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua establece que:

“El nicaragüense que adquiera voluntariamente otra nacionalidad pierde la nacionalidad nicaragüense”.

Esta norma interna entra en contradicción directa con el Convenio de Doble Nacionalidad, que permite mantener ambas nacionalidades. En términos legales internacionales, los tratados como este convenio tienen fuerza vinculante para los países firmantes, mientras estén vigentes.

Sin embargo, "la Constitución es la norma suprema dentro del derecho interno de cada país y prevalece en su territorio. Por tanto, la dictadura podría aplicar la reforma constitucional y negar o retirar la nacionalidad nicaragüense a quienes obtengan otra nacionalidad, aunque eso viole el tratado", explica a DESPACHO 505 un abogado nicaraguense exiliado en Madrid.

Esto crea una situación de incompatibilidad normativa y genera un vacío o conflicto legal, porque en papel, el convenio sigue vigente, pero no se aplicaría plenamente en Nicaragua.

El Estado nicaragüense puede decidir ignorar el convenio para hacer cumplir la reforma, a menos que Nicaragua denuncie formalmente el convenio, seguirá vigente internacionalmente, pero no se respetará dentro del país.

Los ciudadanos nicaragüenses con doble nacionalidad enfrentan así incertidumbre, riesgo de perder derechos dentro de Nicaragua y posible persecución.