Gustavo Porras rectifica: la reforma constitucional sobre la doble nacionalidad no será retroactiva

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró este martes que la reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad en Nicaragua no se aplicará de forma retroactiva, tres días después de dejar abierta esa posibilidad al afirmar que "esto va más allá de lo jurídico".

"Dejamos claros que la Constitución tiene un precepto clarísimo de irretroactividad o de no retroactividad de la ley. Dentro de los derechos individuales está que la ley no es retroactiva a menos que sea a favor del reo. Eso está clarísimo", rectificó Porras en una sesión desde el Parlamento. 

El operador político del régimen reiteró que la reforma se aplicará a quienes adquieran otra nacionalidad en el futuro:

"Lo que dijimos que los traidores a la patria pierden la nacionalidad, lo volvemos a decir hoy. Esto va a ser después de que entre en firme la reforma a la Constitución. Aquel que obtenga una nacionalidad extranjera, pierde la nicaragüense. Los que tienen doble nacionalidad a estas alturas, o triple, están tranquilos", insistió. 

MÁS NOTICIAS | Temor entre miles de nicaragüenses nacionalizados en España por la reforma que prohíbe la doble nacionalidad

Doble discurso deja dudas

Estas declaraciones han generado debate sobre la interpretación y aplicación de la reforma. Aunque Porras ha afirmado que la medida no será retroactiva, el lenguaje utilizado y la referencia a la "traición a la patria" han suscitado preocupaciones sobre posibles aplicaciones futuras de la reforma que podrían afectar a ciudadanos con doble nacionalidad.

El pasado viernes cuando se aprobó en primera legislatura la reforma, aunque aseguró que la medida no sería retroactiva, sus declaraciones posteriores sembraron dudas sobre la posible aplicación en casos anteriores.

“Estamos decretando una reforma, que cuando ya esté en su segunda aprobación entre en vigencia; a partir de ahí, cualquiera al obtener la nacionalidad de otro país pierde la nicaragüense. La propia Constitución dice la irretroactividad de la ley, pero esto va más allá de lo jurídico, esto es moral, de espíritu, de patriotismo, de sentimiento que cuando leemos a nuestro general Sandino, nos llena”, afirmó Porras durante la sesión especial del 16 de mayo en Niquinohomo, Masaya.

Estas palabras habían sido interpretadas como una señal de que el régimen podría aplicar la reforma con efectos retroactivos, a pesar de que la Constitución de Nicaragua lo prohíbe.

Anteponen lo ideológico a lo jurídico

En su iniciativa de reforma a la Constitución, Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen que “la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad. Quienes adquieren otra nacionalidad y juran lealtad a un Estado extranjero, rompen el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”.

Porras reforzó esta visión de primar lo ideológico a lo jurídico al declarar: “Ahora sí, estamos claros, y ponemos nuestra Constitución en la misma dirección y en el orden del pensamiento de nuestro general Sandino. El vendepatria y el traidor deja de ser nicaragüense, y aquel que a estas alturas quiera servir a un estado extranjero, que deje de ser nicaragüense. Es absolutamente democrático, lo único que decimos es aquel que obtenga una nacionalidad extranjera, pierde la nicaragüense, la opción la toma él, pero nosotros sabemos lo que eso significa... por eso el comandante Daniel (Ortega) mandó esa reforma”.

Si la reforma se aplica de forma retroactiva, miles de nicaragüenses que ya poseen doble nacionalidad podrían perder su ciudadanía nicaragüense, lo que implicaría la pérdida de derechos fundamentales como el derecho al voto, a la participación política y a la protección consular.

La reforma aún debe ser aprobada en segunda legislatura el próximo año para entrar en vigor, pero su publicación este martes 20 de mayo en La Gaceta indica que el proceso avanza.

Aunque en teoría la reforma constitucional no tiene carácter retroactivo, en la práctica, el régimen de Ortega y Murillo ha demostrado aplicar las leyes de forma selectiva y discrecional. La nueva norma podría usarse tanto para despojar de la nacionalidad a quienes adquieran otra ciudadanía a partir de su entrada en vigor, como también para justificar la retirada de la nacionalidad a quienes ya la poseen, amparándose en interpretaciones políticas más que jurídicas.