Fracasa el nuevo negocio del régimen: centros de adicciones operan al 1% de su capacidad en su primer mes

A casi tres semanas de su inauguración oficial, los ocho centros de rehabilitación promovidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentan un evidente fracaso en términos de ocupación. Aunque fueron presentados como una nueva estrategia nacional contra el consumo de alcohol y drogas, actualmente atienden a apenas 42 personas en todo el país, es decir, el 1% de su capacidad instalada: 4.000 cupos.

El régimen ha desplegado una intensa campaña de propaganda para dar visibilidad al proyecto, destacando sus instalaciones “equipadas” y una supuesta atención personalizada. Pero los hechos revelan un panorama muy distinto: centros vacíos, sin transparencia operativa y muy lejos del rendimiento económico que se promocionó inicialmente.

Cada paciente debe pagar una mensualidad de 7.300 córdobas. Si la capacidad total estuviera ocupada, los centros generarían ingresos mensuales de 29.2 millones de córdobas, es decir, 350.4 millones de córdobas al año. Sin embargo, con solo 42 pacientes registrados, los ingresos reales no superan los 306.600 córdobas mensuales, apenas el 1% de la cifra proyectada.

Un negocio que nació de bienes confiscados

Los llamados Centros de Recuperación de Adicciones “Nuevos Días” están ubicados en ocho departamentos: Matagalpa, Estelí, Managua, Chinandega, Rivas, Nueva Segovia, Boaco y Carazo. Todos operan en propiedades confiscadas por el régimen a organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas religiosas, que fueron ilegalizadas desde 2018.

En Matagalpa, por ejemplo, el centro fue instalado en una finca que pertenecía a la organización cristiana Puerta de la Montaña, cuyos líderes fueron desterrados en septiembre de 2024. En otros casos, los inmuebles habían sido usados por centros similares que fueron clausurados a inicios de año por denuncias de malos tratos, hacinamiento y tortura.

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La administración de los centros está a cargo de la Fundación Nuevos Días, una entidad de la que no existe ningún registro legal público. No aparece en los archivos del Ministerio de Gobernación, ni en La Gaceta, ni ante la Asamblea Nacional. Tampoco cuenta con página web, redes sociales activas, ni se conocen sus fundadores o junta directiva.

Pese a ello, la Fundación no solo gestiona un programa nacional con aval del Ministerio de Salud (Minsa), sino que también cobra a las familias de los pacientes, sin que exista información pública sobre el destino de esos recursos ni sobre los mecanismos de supervisión o auditoría que deberían aplicarse.

Entre la propaganda y la realidad

Mientras los centros permanecen vacíos, los medios oficialistas insisten en promoverlos como una historia de éxito. Aseguran que “desde su apertura, muchas personas han ofrecido apoyo”, desde donaciones de alimentos hasta patrocinios para pacientes. También afirman que se realizan terapias diarias con un enfoque humano y comunitario.

Sin embargo, no hay informes públicos sobre la implementación de estas actividades. No se han presentado diagnósticos técnicos del problema de adicciones en el país, ni se conoce la metodología de atención, la formación del personal o si estos centros cumplen con estándares médicos o psicológicos.

El discurso oficial, centrado en mostrar sensibilidad social, choca con una estructura que nació sobre propiedades confiscadas, manejada por una fundación sin rostro legal y que buscaba generar ingresos millonarios en corto tiempo. Hoy, la baja participación y la falta de transparencia ponen en evidencia un proyecto que parece más enfocado en rentabilizar el despojo que en resolver un problema de salud pública.