92 millones para torturar: El Chipote y Distrito Tres reciben más fondos que hospitales y escuelas rurales
La dictadura prioriza equipar centros de tortura en Managua. El gasto supera al destinado a la consulta oncológica del Hospital Bertha Calderón y se podrían equipar decenas de escuelas rurales, algunas de las cuales apenas reciben 50.000 córdobas.


- Managua, Nicaragua
- mayo 23, 2025
- 09:54 AM
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha destinado más de 92 millones de córdobas del Presupuesto General de la República al “reemplazo y equipamiento” de El Chipote y el Distrito Tres de la Policía Orteguista, en Managua. Ambos centros han sido ampliamente denunciados como espacios de tortura y tratos crueles contra presos políticos desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
Según el Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público correspondiente al primer trimestre de 2025, la mayor parte del dinero —62,5 millones de córdobas— será destinada al proyecto “Habilitación y equipamiento del Centro de Operaciones de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua”, es decir, El Chipote. El resto —30 millones de córdobas— será para el Distrito Tres, otro centro señalado por prácticas sistemáticas de represión y detención arbitraria.
Por estas delegaciones policiales también han pasado magistrados, jueces, altos mandos policiales y funcionarios purgados por la dictadura y el Frente Sandinista. Ninguna de estas asignaciones busca mejorar condiciones de detención, alimentación o acceso a salud de los reos. Se trata, según defensores de derechos humanos, de una clara apuesta por reforzar la infraestructura de represión del régimen.
“No se está invirtiendo en justicia ni en dignidad, sino en reforzar los centros donde se tortura. Es dinero público al servicio de crímenes de lesa humanidad”, denuncia Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Por su parte, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas, afirmó que las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial deberían ser cerradas. Denuncia que el presupuesto millonario y las celdas buscan “provocar el mayor sufrimiento a los presos políticos para que tengan miedo a la dictadura”.
Más que hospitales, escuelas y carreteras rurales
El gasto de 92 millones de córdobas supera o triplica el presupuesto de múltiples proyectos sociales esenciales:
Con esa suma podría cubrirse prácticamente el costo completo de la construcción equipamiento del área de consulta oncológica externa del Hospital Bertha Calderón, en Managua, presupuestada en 85 millones de córdobas.
El Hospital Primario de Wiwilí recibirá apenas 13 millones, y el de Condega, en Estelí, 6,3 millones
En educación, varios centros escolares de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y de Boaco tienen asignaciones ínfimas para sus reparaciones y quipamiento:
- Centro Escolar Divino Rostro: 50 mil córdobas
- Centro Educativo El Jardín: 137 mil córdobas
- Santa Rosa en El Rama: 3,7 millones
- Salomón Ibarra Mayorga en Santa Lucía: 2,1 millones
Incluso las obras de seguridad vial para todo el país tienen un presupuesto inferior, con apenas 55 millones de córdobas.
Prioridad es la represión
“Mientras hospitales y escuelas funcionan con presupuestos mínimos, la dictadura destina millones para mejorar los centros desde donde ejecuta la persecución política. Es una inversión en control, no en desarrollo”, advierte Marenco.
Desde 2018, organismos nacionales e internacionales han documentado más de 200 casos de tortura en El Chipote y el Distrito Tres. En su más reciente informe, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU reafirmó que estos centros han sido utilizados como espacios sistemáticos de tortura, desapariciones forzadas e interrogatorios ilegales.
Además de los más de 92 millones destinados a El Chipote y al Distrito Tres, la dictadura también asignó 60 millones de córdobas para la rehabilitación del edificio sede del Ministerio del Interior, entidad señalada como la cabeza de la represión contra opositores, que controla a la Policía Orteguista, el sistema penitenciario y la Dirección General de Migración. Este gasto confirma la apuesta del régimen por fortalecer y mantener toda la maquinaria represiva en funcionamiento, mientras hospitales, escuelas y otras áreas sociales reciben poco.