El Congreso de Estados Unidos aprueba impuesto del 3.5% a las remesas

El Congreso de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen de 215 votos a favor, 214 en contra y 1 abstención el polémico proyecto de ley denominado “One Big Beautiful Bill Act”, impulsado por la administración Trump, que impone un nuevo impuesto del 3.5% sobre todas las remesas enviadas al extranjero por personas que no son ciudadanos estadounidenses.

Esto significa que por cada 100 dólares enviados se deberá pagar 3.50 dólares adicionales, más las comisiones normales de las empresas remesadoras.

Esta medida representa un cambio histórico en la política fiscal de Estados Unidos, y ha desatado alarma en países altamente dependientes de remesas como Nicaragua, donde en 2024 los envíos desde el exterior representaron el 29.4% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Central.

El impuesto será aplicado a todos los trabajadores no ciudadanos —incluidos indocumentados, titulares de visas H-1B, trabajadores con TPS, residentes permanentes legales y beneficiarios del parole humanitario— que envíen dinero a sus países de origen.

Los nicaragüenses en Estados Unidos forman parte de esta población, con una presencia estimada de más de 400,000 personas. La mayoría trabaja en sectores como construcción, limpieza, agricultura, servicios de comida y cuidados personales. Sus envíos, aunque modestos en montos individuales, son vitales para miles de hogares en el país.

El 83% de todas las remesas recibidas por Nicaragua en 2024 provinieron de Estados Unidos, y se espera que esta medida —a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 2026— cause un impacto inmediato. La propuesta inicial planteaba imponer un impuesto del 5%: 

Próximo paso: el Senado

La aprobación del jueves en la Cámara representa solo la mitad del camino legislativo. El proyecto debe ahora pasar al Senado, donde los republicanos también mantienen mayoría. Se prevé que la discusión se realice antes del 4 de julio de 2025, fecha simbólica para la política estadounidense.

Si el Senado ratifica el texto, la nueva tasa entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Gobiernos como el de México e India han manifestado públicamente su rechazo. Legisladores mexicanos ya han anunciado una misión diplomática a Washington para cabildear contra la medida, que consideran “punitiva y regresiva”.

En Nicaragua, aunque no ha habido aún una declaración oficial del régimen de Daniel Ortega, diversas voces en el sector económico y organizaciones de la diáspora han comenzado a alertar sobre las posibles consecuencias.