Condenan en España a pareja nicaragüense por explotar a compatriotas migrantes

Una pareja nicaragüense fue condenada en Palma de Mallorca, España, por captar, trasladar y explotar laboralmente a tres compatriotas que fueron llevados desde Nicaragua bajo falsas promesas de empleo. Las víctimas terminaron endeudadas, amenazadas y sometidas a condiciones de abuso extremo en la isla de Mallorca, mientras los responsables se beneficiaban económicamente de su vulnerabilidad y estatus migratorio irregular.

Según el Diario de Marlloca, hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, y el caso fue sentenciado recientemente en la Audiencia de Palma, donde los acusados admitieron su culpabilidad. Según la Fiscalía española, el esquema comenzó en Nicaragua, donde los implicados, en conjunto con una tercera persona aún no localizada, convencieron a tres ciudadanos nicaragüenses de viajar a España con la promesa de trabajos estables y buenos ingresos.

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Para facilitar la operación, los acusados compraron los boletos de avión y entregaron pequeñas cantidades de dinero a las víctimas para simular que se trataba de turistas. Una vez en suelo español, los trasladaron a sa Pobla, una localidad rural de Mallorca, donde les ofrecieron vivienda y comida a cambio de una deuda.

La trampa: una deuda impagable

La aparente “ayuda” se convirtió pronto en un instrumento de control. Las víctimas eran obligadas a pagar una suma mensual fija por alojamiento y manutención. Pero eso solo era el comienzo. Los acusados habían creado una deuda artificial que incluía los costos de viaje, gastos cotidianos y una serie de intereses abusivos, según la Fiscalía, que se incrementaban cada mes y que era imposible amortizar, dado que los ingresos eran también controlados por los explotadores.

Peor aún, antes de salir de Nicaragua, las víctimas habían sido forzadas a firmar escrituras notariales en las que ofrecían sus propiedades familiares como garantía de pago. De no cumplir con lo pactado, perderían sus casas. Este mecanismo servía como una cadena psicológica y material que impedía a las víctimas escapar o denunciar.

Explotación laboral y amenaza constante

Los migrantes trabajaban en los lugares que la pareja decidía. No tenían voz ni autonomía. Estaban en condición irregular, y eso también fue usado en su contra: eran amenazados con ser denunciados a la policía de inmigración si no obedecían o si se atrevían a reclamar.

Las tareas laborales eran variadas, precarias y sin ninguna protección. A pesar de su situación, nunca se les permitió regularizarse ni acceder a derechos básicos como contratos, seguro médico o condiciones dignas.

Durante el juicio oral, la pareja —de mediana edad y también en situación irregular en España— aceptó los cargos. Originalmente, la Fiscalía pedía cinco años de prisión, pero la pena fue reducida al considerar que el proceso judicial había sufrido "dilaciones indebidas".

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Finalmente, se les impuso una multa económica y una condena de un año y nueve meses de cárcel para la mujer, por el delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. No obstante, no irá a prisión, ya que la jueza suspendió la pena bajo la condición de no reincidir en un plazo de tres años. La sentencia es firme.

Migración desesperada, negocio rentable

Este caso pone en evidencia cómo la desesperación por migrar puede ser explotada incluso por personas del mismo país. Nicaragua, golpeada por la represión, la crisis económica y la falta de oportunidades, ha visto aumentar los flujos migratorios en todas direcciones: Estados Unidos, Costa Rica y también Europa.

En ese contexto, proliferan redes —formales e informales— que se lucran de quienes buscan salir del país. 

Las víctimas nicaragüenses en este caso lograron escapar, denunciar y obtener justicia.