Invasiones ilegales arrasan con el Refugio Río San Juan ante la complicidad del régimen

Lo que alguna vez fue una de las áreas protegidas más emblemáticas del país, rica en biodiversidad y resguardada por un marco legal robusto, hoy enfrenta un proceso de deterioro acelerado e impune. El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVS-RSJ), ubicado en el departamento de Río San Juan, se encuentra bajo una amenaza sistemática de invasión, deforestación y ocupación ilegal con la complicidad de la dictadura Ortega-Murillo.

Un informe publicado por Fundación del Río documenta con rigor esta situación crítica. La investigación señala que desde 2007 se ha intensificado un proceso de invasión y degradación que amenaza no solo a este refugio, sino también al territorio del pueblo indígena Rama y afrodescendiente Kriol.

El RVS-RSJ fue creado en 1991 mediante el Decreto 26-91, con el objetivo de proteger la fauna y flora de la región. El refugio abarca más de 43,000 hectáreas y forma parte del Corredor Biológico del Sureste de Nicaragua. Es un espacio estratégico que conecta con la Reserva Biológica Indio Maíz y que alberga especies amenazadas como el jaguar (Panthera onca), el manatí (Trichechus manatus) y numerosas especies de aves migratorias.

Desde sus primeros años, el refugio fue objeto de esfuerzos de conservación y manejo. Fundación del Río, con presencia permanente en la zona desde 1990, jugó un papel clave en la promoción de políticas comunitarias de manejo de recursos naturales, así como en la defensa de los derechos territoriales del pueblo Rama y Kriol.

Invasión sistemática y destrucción ambiental

La situación comenzó a deteriorarse de forma más acelerada a partir del año 2007. Según Fundación del Río, en los últimos 15 años se ha documentado una “invasión sistemática de colonos y ganaderos que han establecido fincas ilegales dentro del refugio”, alentados por la ausencia de control estatal y por políticas permisivas que favorecen la expansión de la frontera agrícola.

“La impunidad con la que se desarrollan estas actividades ilegales ha convertido al RVS-RSJ en un territorio en disputa, donde la lógica de apropiación violenta de tierras se impone sobre el marco legal y los derechos indígenas”, sostiene el informe.

Los impactos ecológicos son devastadores: la deforestación avanza rápidamente, la cacería furtiva se ha incrementado y las fuentes de agua se ven contaminadas o alteradas. Según imágenes satelitales analizadas por la Fundación, entre 2011 y 2023 se perdieron más de 10,000 hectáreas de bosque dentro del refugio.

El refugio se encuentra dentro del territorio titulado al pueblo Rama y Kriol en 2009, como parte del proceso de demarcación territorial establecido por la Ley 445. Esto significa que el área es reconocida como propiedad colectiva indígena y afrodescendiente. Sin embargo, la ocupación ilegal por parte de terceros ha generado una creciente tensión en las comunidades originarias, que denuncian la falta de acciones concretas por parte del Estado.

“La presencia de actores externos no solo amenaza los ecosistemas, sino que vulnera gravemente los derechos de los pueblos indígenas, quienes enfrentan amenazas, desplazamientos forzados y pérdida de acceso a sus medios de vida tradicionales”, alerta el informe.

El Estado nicaragüense ha incumplido su obligación de garantizar la protección del territorio colectivo. A pesar de las denuncias y las sentencias internacionales —incluyendo las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del pueblo Rama y Kriol— las instituciones públicas han sido omisas o cómplices.

La dictadura guarda silencio

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la denuncia del colapso institucional del sistema de áreas protegidas en Nicaragua. La Alcaldía de El Castillo, el Marena y el Ejército, que anteriormente coordinaban acciones de vigilancia ambiental, ahora han sido desmantelados o cooptados políticamente.

“Desde la cancelación de Fundación del Río en 2018, las acciones de conservación han quedado paralizadas. No hay presencia efectiva del Estado para frenar la expansión de la ganadería o para implementar medidas de restauración ecológica”, se denuncia en el documento.

A la par, se ha criminalizado a defensores ambientales y se ha suprimido la denuncia pública, lo que ha generado un clima de miedo e impunidad. Las familias que se oponen a la ocupación ilegal enfrentan amenazas y agresiones sin que existan mecanismos de protección.

Los responsables de la destrucción

A pesar de que la invasión del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan es un fenómeno de larga data, la investigación de Fundación del Río documenta cómo esta se ha intensificado en la última década bajo la permisividad del gobierno de Daniel Ortega. En este período se ha producido una ocupación sistemática y acelerada del territorio mediante el establecimiento de comunidades colonas, la apertura de caminos ilegales y la instalación de infraestructura urbana, actividades que han sido toleradas por las instituciones encargadas de proteger el área.

Las imágenes satelitales procesadas por la organización muestran que en 2023 se reportaron 94 nuevos puntos de cambio de uso de suelo dentro del refugio, en comparación con 64 en 2022 y 54 en 2021. En total, se identificaron 310 puntos de cambio de uso de suelo entre 2021 y 2023, lo que representa un promedio de más de 100 puntos por año. En más del 80% de los casos, el cambio de cobertura forestal corresponde al establecimiento de zonas de pasto para ganado, en detrimento del bosque húmedo tropical.

Los nuevos asentamientos de colonos en el área son fácilmente identificables por sus patrones geométricos de deforestación: cuadros regulares y líneas rectas que dibujan parcelas dedicadas a la ganadería. El bosque es talado y luego quemado para sembrar pasto. A lo largo de las rutas abiertas ilegalmente se han levantado escuelas, iglesias y centros de votación, lo cual revela un proceso de institucionalización informal de estas comunidades, sin control ni planificación ambiental.

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Este proceso ha sido favorecido por la complicidad de autoridades municipales y nacionales, entre ellas la Procuraduría General de la República, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y la Policía, que han tolerado la ocupación ilegal del área protegida e incluso, en algunos casos, han facilitado la llegada de colonos.

Fundación del Río también ha documentado la existencia de redes de tráfico ilegal de tierras en el interior del refugio, que promueven la venta de parcelas a través de redes sociales o intermediarios en las comunidades. Estas redes se aprovechan de la ausencia de control institucional y de la falta de información sobre el estatus legal del área, engañando a compradores que, en muchos casos, desconocen que están adquiriendo tierras dentro de un área protegida y del territorio del pueblo Rama y Kriol.