Venta ilegal de tierras y deforestación acelerada arrasan con el Refugio Río San Juan

En el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, una de las reservas ecológicas más importantes de Centroamérica, se desarrolla un proceso sistemático de invasión y venta ilegal de tierras que está provocando un colapso ambiental acelerado. Las denuncias documentadas en el “Informe de Evaluación RVS-RSJ enero 2025”, elaborado por la organización ambientalista Fundación del Río, revelan que este proceso está relacionado con actores vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ocurre con la inacción de instituciones del Estado.

“El proceso investigativo incluyó la realización de recorridos para conocer de primera mano las dinámicas que incentivan y permiten que este proceso de invasión esté teniendo lugar en el Refugio”, señala el informe. En sus hallazgos, detalla que “estas invasiones se llevan a cabo mediante transacciones de compraventa gestionadas por secretarios políticos del Frente Sandinista u otras estructuras locales del partido”.

Se ha identificado a personas como Valerio López y Gladys Mondragón, del municipio de El Castillo, y a otros en la zona de El Rama y El Machado, como responsables de organizar y facilitar ocupaciones ilegales. En actos políticos improvisados, los compradores agradecen a Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras los intermediarios prometen gestionar un aval informal con el puesto de control militar para facilitar el asentamiento ilegal.

Colapso ecológico en marcha

La presión sobre los ecosistemas del refugio ha aumentado drásticamente. “Los datos satelitales muestran una alarmante tasa de deforestación en la reserva, con una pérdida de más del 30% de la cobertura boscosa en los últimos 15 años”, indica el informe, citando información de Global Forest Watch. Añade que “este proceso de deforestación que comienza a ser captado por los satélites está asociado al proceso de invasión que se desarrolla en el refugio”.

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Además, los incendios forestales aumentaron un 291.30% en 2024 respecto al año anterior. “Este dato nos indica, tal como se logró constatar en el sitio, que estos incendios son producto de prácticas de tala y quema que se realizan en la reserva como consecuencia del proceso de invasión”, señala el informe de la Fundación del Río.

Durante los recorridos, se documentó tala ilegal y presencia de madera aserrada dispuesta en la rivera del río lista para ser trasladada. También se verificó caza ilegal: se escuchó varias detonaciones de lo que aparentemente era un rifle calibre 22” y pobladores en el lado costarricense confirmaron que los precaristas “se han convertido en proveedores de carne de animales silvestres que cazan en el refugio.

Infraestructura ilegal y silencio institucional

Con imágenes satelitales, la Fundación del Río identificó 551 infraestructuras ilegales recientes, construidas “en zonas de manejo restringidas para uso habitacional”. El informe subraya que “estas infraestructuras en su gran mayoría son de reciente construcción”, y que están ubicadas incluso “cerca de los puestos de control” del Ejército en puntos estratégicos como Bartola y San Juan de Nicaragua.

“El proceso de monitoreo ha identificado este nuevo frente de invasión en el Refugio. Hay un proceso sistemático de intervención a lo largo de toda la reserva”, sostiene el informe. Además, cita al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas: “el Gobierno está instrumentalizando a los colonos para reconfigurar y asegurar el control sobre las tierras comunales y su explotación”.

El Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan establece un modelo de gobernanza participativa, donde deben estar representadas las alcaldías, asociaciones locales y comunidades indígenas. Sin embargo, lejos de cumplir con el mandato del Plan de Manejo el actual modelo de manejo es totalmente centralizado.

Además, una resolución ministerial de 2024 establece que “es competencia exclusiva del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), el monitoreo de flora y fauna, en todo el territorio nacional”. Según Fundación del Río, esta normativa “contraviene el derecho ciudadano para fiscalizar o participar de forma libre en los asuntos del país”.

Según la Fundación del Río, entre los años 2023 y 2024 se ha desarrollado un proceso acelerado de invasión que está teniendo lugar en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, señalando que este proceso está acompañado de múltiples prácticas prohibidas en la reserva, y se da en un contexto de “inacción y complicidad” de las autoridades.

Finalmente, advierte que “la creciente presión sobre la biodiversidad que alberga la reserva, producto del alarmante proceso de invasión, la deforestación, destrucción de hábitat y del corredor biológico, así como caza ilegal, fenómenos que se desarrollan violentando las normativas legales debe de alertar a nivel local y regional”.