Siete periodistas nicaragüenses solicitan la nacionalidad española tras ser “desnacionalizados de facto” por el régimen

Siete periodistas nicaragüenses independientes, forzados al exilio por la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han solicitado al Gobierno de España que les conceda la nacionalidad de ese país, al encontrarse en una situación de “desnacionalización de facto” tras la confiscación o no renovación de sus pasaportes.

Los comunicadores, ahora refugiados en Costa Rica, entregaron el pasado 19 de mayo una solicitud formal dirigida al rey de España, al Gobierno y otras autoridades españolas, con el fin de acogerse al mecanismo de protección que ese país ofreció en 2023 a 222 nicaragüenses expulsados y despojados arbitrariamente de su nacionalidad por la dictadura.

Los periodistas denuncian que, aunque legalmente son nicaragüenses de origen, el régimen los ha eliminado del registro civil, negándoles documentos básicos como partidas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes. También se les ha prohibido el ingreso al país, lo que los deja en un limbo jurídico y sin protección ciudadana.

“Aunque técnicamente somos nicaragüenses de origen, no podemos ejercer nuestra nacionalidad. El régimen nos ha borrado del registro civil, no nos extienden partidas de nacimiento, ni cédulas de identidad ni pasaportes y nos niegan el ingreso al país. Vivimos una situación similar a la de los desnacionalizados, sin los derechos y protecciones asociados a la nacionalidad”, afirman en su carta.

Los solicitantes son los periodistas Carmen Lucía Navas, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Tapia.

Respaldo desde la Asociación de la Prensa de Madrid

La solicitud ha recibido el respaldo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que ha pedido al Gobierno español que considere a los siete periodistas como “desnacionalizados de facto” y les permita acogerse al mismo mecanismo de protección que se ofreció a los 222 presos políticos desnacionalizados.

En un comunicado, la APM expresó que estos periodistas han tenido que huir por la represión y que “su situación es equiparable a la de los expulsados y despojados de la nacionalidad por el régimen de Ortega”.

La organización también subrayó el valor del trabajo de estos comunicadores, quienes han informado sobre violaciones a derechos humanos, corrupción y represión en Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) han instado a la comunidad internacional a reforzar su apoyo a quienes han sido despojados de su nacionalidad o forzados al exilio por la dictadura.