La confesión de Ortega: prueba clave para procesos de justicia contra la dictadura

El dictador Daniel Ortega admitió públicamente haber ordenado la brutal represión contra los manifestantes en 2018, que dejó al menos 355 muertos a manos de policías y paramilitares. Esta confesión, realizada el pasado sábado durante la entrega de 100 buses chinos en Managua, debería integrarse como prueba en los procesos de rendición de cuentas nacionales e internacionales, advierten defensores de derechos humanos y opositores.

En sus declaraciones, Ortega describió sin tapujos cómo se organizó y ejecutó la represión contra los tranques, admitiendo que el operativo fue rápido y violento:

“Estábamos organizando el despeje de los tranques, y el despeje de los tranques no duró mayor cosa. Fue un relampagazo. O sea, no había ahí una resistencia que iba a estar por semanas. ¡No! Fue una cuestión de horas. Apenas vieron llegar a la Policía y a los combatientes históricos, no quedó nadie, salían corriendo”, dijo.

Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostiene que estas declaraciones corroboran los informes del Grupo de Expertos de Naciones Unidas que investigó la represión estatal.

“Lo que hizo el tirano Ortega y su esposa es una declaración sobre hechos que ya están documentados, y los hechos hablan por sí solos. En Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Lo que hace Ortega es confesar lo que ya se sabe”, dice Carrión a DESPACHO 505.

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Por su parte, Eliseo Núñez, exdiputado opositor y analista político, subraya que Ortega no solo reconoce su responsabilidad directa, sino que además intenta trasladar la culpa a los opositores que participaron en el fallido diálogo de 2018.

“Una de las cosas más importantes de ese discurso de Daniel Ortega es que él confiesa los crímenes de lesa humanidad. Más allá de cualquier otra cosa, él confiesa su jefatura en esos crímenes”, explicó Núñez.

Advierte que, aunque Ortega busque justificar la violencia, sus palabras evidencian que está detrás de la actual ola de detenciones arbitrarias, incluyendo a miembros disidentes del propio partido sandinista.

“Ortega quiere justificar la represión y proyectar la narrativa de que él es el ‘malo necesario’, culpando a otros para salvar su imagen”, afirmó.

La represión continúa

Actualmente, la dictadura mantiene encarcelados a 52 presos políticos, entre ellos al menos 15 adultos mayores enfermos que carecen de atención médica y sufren aislamiento y tratos degradantes, denuncian organismos de derechos humanos.

Recientemente, la dictadura secuestró al exmilitar y exministro Álvaro Baltodano, desaparecido desde entonces, acusado presuntamente de traición, según opositores.

“Ortega busca justificar no solo la represión de 2018, sino también la que está en curso, incluso contra disidentes sandinistas. Lo que nos sirve a nosotros, en el exilio, es que él confesó, y eso hay que resaltarlo”, concluyó Núñez.

La autoincriminación del dictador abre una ventana para la justicia que no puede ser ignorada. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo deben ser juzgados sin impunidad, tanto en Nicaragua como en tribunales internacionales, concluyen defensores.