Jueza federal ordena reactivar trámites para beneficiarios de parole en Estados Unidos

La jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, emitió este miércoles una resolución que ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos reanudar el procesamiento de solicitudes migratorias para los beneficiarios que ya se encuentran en el país bajo los programas de parole humanitario instaurados durante la administración Biden.

La jueza Talwani determinó que la administración Trump actuó de manera "arbitraria y caprichosa" al suspender estos programas de parole sin seguir el debido proceso legal establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

Por ello, ordenó que se reactive el trámite de solicitudes de extensión de estatus migratorio, permisos de trabajo y otros beneficios para más de medio millón de personas provenientes de países como Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela, Ucrania y Afganistán, quienes fueron admitidos temporalmente en Estados Unidos bajo estos programas.

Los alcances de la decisión

La orden judicial implica la reanudación de trámites congelados, incluidas las solicitudes que habían quedado en pausa tras la suspensión ordenada por la administración Trump. Esto permitirá que los beneficiarios mantengan su estatus legal y autorización para trabajar mientras dure el proceso de dos años de permiso bajo el parole.

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Esta decisión no implica que el programa de parole humanitario se reabra para nuevas solicitudes desde el extranjero. La suspensión de admisión de nuevos beneficiarios sigue vigente y dentro de la potestad legal del gobierno estadounidense.

Este fallo es una extensión de una orden previa emitida por la jueza Talwani en abril pasado, cuando suspendió la cancelación masiva anticipada del parole para beneficiarios dentro de Estados Unidos. En ese momento, la jueza argumentó que no podía terminarse el permiso de forma general sin evaluar caso por caso, ya que eso violaría el debido proceso legal.

La administración Trump apeló esa decisión, pero hasta la fecha no hay una resolución definitiva sobre la apelación. Mientras tanto, la jueza reafirma que las medidas deben respetar los procesos legales y proteger los derechos de quienes ya están amparados por estos programas.