Fin del parole: el Supremo cancela protección a miles de nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a suspender el programa de parole humanitario para migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, una medida que pone en riesgo de deportación a más de medio millón de personas, incluso aquellas que no han cumplido los dos años de residencia legal inicialmente otorgados.

La decisión anula temporalmente una protección legal impuesta por una corte federal en abril pasado y permite al gobierno revocar el permiso de permanencia legal temporal (parole), mientras se siguen resolviendo los litigios en instancias inferiores.

La medida afecta directamente a los beneficiarios del programa CHNV, creado en 2022 por la administración de Joe Biden, el cual otorgaba entrada legal y permiso de permanencia por hasta dos años a personas de los cuatro países, siempre que contaran con un patrocinador en Estados Unidos.

El gobierno de Trump había buscado eliminar este programa alegando que incentivaba la migración irregular. 

¿Qué significa esto para los nicaragüenses?

Cerca de 100.000 nicaragüenses que ingresaron bajo este programa podrán ser colocados en procesos de deportación, aunque aún no hayan cumplido los dos años originalmente concedidos.

Solamente aquellas personas que hayan ajustado su estatus legal —por ejemplo, solicitando asilo, residencia permanente u otro tipo de protección— tendrán una vía legal para permanecer en el país.

La decisión no resuelve el fondo del caso, pero abre la puerta para que el Departamento de Seguridad Nacional inicie deportaciones inmediatas.

Se anula la decisión de la jueza Talwani

En abril pasado, la jueza federal Indira Talwani, de un tribunal de distrito en Massachusetts, dictaminó que la administración no podía suspender el programa de parole humanitario (CHNV). Ella argumentó que los demandantes (estados como Texas) no habían demostrado suficiente perjuicio para justificar el bloqueo del programa y que los beneficiarios del parole ya admitidos tenían derechos adquiridos.

Trump apeló esa decisión y llegó al Supremo que hoy se pronuncia a favor de la Administración. Aunque la Corte no se pronunció sobre la legalidad del programa en sí, sí permitió que el Departamento de Seguridad Nacional lo suspenda de inmediato, mientras los tribunales inferiores (como el de Talwani) continúan evaluando el fondo del caso.

En términos legales, la decisión de la Corte Suprema prevalece sobre la de Talwani porque es una instancia superior. El Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre medidas cautelares federales.