Demanda de reforma electoral sigue vigente: “se debe reestructurar el CSE y cambiar magistrados”

Se prevé que el próximo mes el régimen inicie negociaciones con los partidos políticos para una reforma electoral. La Alianza Cívica y CxL insisten en la necesidad de un proceso abierto que garantice elecciones libres.  

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) insistieron este domingo en la necesidad de garantizar una reforma electoral integral en Nicaragua que lleve a un proceso de elecciones libres.  

Las organizaciones opositoras sostienen que la reforma electoral que el régimen de Daniel Ortega prometió impulsar este año debe establecer, entre otros temas, acciones concretas para la despartidización del Poder Electoral “iniciando por la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), el cese del control bipartidista de los Consejos Electorales y Juntas Receptoras de Votos y la participación ciudadana en la conformación de los órganos electorales”. 

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La metodología para estas reformas aún no está clara. El régimen de Daniel Ortega ofreció impulsarlas este año y la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, sigue operando en medio de la pandemia del coronavirus. En ese contexto, las organizaciones opositoras han continuado con su proceso de “acercamiento estratégico” para presionar unidos por una reforma integral del sistema electoral.  

NEGOCIACIONES INICIARÍAN EN JULIO 

Alfredo César, presidente del Partido Conservador, reveló recientemente a la VOA que su partido fue notificado por un funcionario del régimen del inicio de las negociaciones en julio entre el Gobierno y los partidos políticos “legalmente constituidos”. 

Las negociaciones empezarían en julio y se planea que para octubre se deberían estar nombrado a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de manera que haya credibilidad en el proceso de elecciones. 

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Organizaciones nacionales e internacionales, la Iglesia, la Unión Europea, la OEA y Estados Unidos han demandado que este proceso debe ser amplio y debe contar con la participación de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que ha sido el principal interlocutor con el régimen desde abril de 2018. 

La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco al presentar en diciembre pasado una propuesta de reforma electoral consensuada mencionaron tres condiciones antes de iniciar cualquier proceso: liberación de los presos políticos, el cumplimiento de las garantías ciudadanas, así como el seguimiento y observación electoral internacional.