Martes negro en hospitales públicos: Once médicos despedidos por el régimen Ortega-Murillo

Once médicos, la mayoría especialistas, salieron de las salas de los hospitales públicos donde hasta ayer salvaban vidas, con una carta de despido que viola sus derechos y es evidencia de la represión que enfrenta el personal sanitario.

El ambiente fúnebre que predomina en los hospitales públicos de Nicaragua, debido al repunte de muertes por coronavirus, se tornó más pesado este martes. Al menos once médicos, la mayoría especialistas, salieron de las salas de los hospitales públicos, donde hasta ayer salvaban vidas, con una carta de despido. El documente no expresa razones. Tampoco les hace falta. Quienes han brindado declaraciones expresan sin titubeos que es una represalia del régimen Ortega-Murillo por no callar sobre el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades, sin reparar que está en juego la vida del personal de salud y de la población más vulnerable.

"Me voy por no comulgar con este régimen criminal", se le escucha decir al doctor Fernando Rojas en un video grabado en el momento que sale del Hospital Manolo Morales, donde durante 21 años prestó servicios. "Vamos a volver", dice con la certeza de que ningún régimen es eterno.

"La ausencia de señalamientos concretos en las cartas de despidos evidencia la decisión de callarlos, advertimos que toda falta que se les impute es inventada para mancharles el récord profesional", pronunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) al condenar el despido de recursos esenciales para sobrellevar la crisis sanitaria que atraviesa Nicaragua y que podría agravarse "por las incomprensibles presiones a las que se está sometiendo al gremio médico".

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Solo el martes se conoció de doce médicos con larga trayectoria que salieron del sistema de salud público: once despedidos y uno que decidió renunciar en protesta por la medida arbitraria contra sus colegas de los hospitales Antonio Lenín Fonseca, Roberto Calderón, conocido como Manolo Morales; Bertha Calderón y del Centro de Salud Francisco Morazán, en Managua. También hubo despidos en unidades médicas de Estelí y Rivas.

MINSA DESCARTA A ESPECIALISTAS

Entre las bajas ese cuentan especialistas en Anestesiología, Medicina Interna, Otorrinolaringología, Oncología, Ginecología, Pediatría, entre otras.

"Es un despido sin causa justa" reclamó la anestesióloga María Elena Escoto. La médica fue cesada del Hospital Antonio Lenín Fonseca de la capital y atribuye la decisión a una orden directa del sancionado presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, quien a su vez funge como el eterno secretario general de Fetsalud.

"Saben que están cumpliendo las órdenes de Gustavo Porras, la lista al fin y al cabo la están cumpliendo conmigo, porque yo he sido de las personas que sí he alzado la voz y he reclamado por lo que es justo... hay personas corruptas aquí (sistema de Salud) que Fetsalud encubre, pero a personas dignas como yo, nadie me va a defender", expresa indignada la doctora Escoto en un video que se ha vuelto viral.

PROMOCIÓN DE CONTAGIO Y MUERTE

Esta ola despidos sin justificar se produce cuando en Nicaragua el coronavirus se propaga de forma acelerada. El Ministerio de Salud, ni ninguna otra autoridad explica los motivos de esta decisión que el país entero presencia con estupefacción y que aumenta el temor de que la catástrofe sanitaria que pronostican expertos independientes se acelere.

La administración Ortega-Murillo ejecuta una estrategia frente al Covid-19 que ha sido tildada como criminal. "¿Será que esta decisión de dejar sin médicos a la población es parte de la promoción del contagio y muerte que promueven los Ortega Murillo?", cuestiona el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos al analizar la decisión sin sentido e inédita en el contexto de la pandemia que ha paralizado al mundo.

El Cenidh exige una reparación del daño, que los médicos sean reintegrados y que el Estado cumpla su obligación de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía. "Ante este atropello y grave riesgo no podemos quedarnos de brazos cruzados, exigimos la reintegración inmediata de los médicos a los hospitales, sin exclusiones, ni represalias de ningún tipo", demanda.

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La administración de Daniel Ortega ha estado en la mira mundial por su negativa a plegarse a las medidas que han resultado efectivas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. La cuarentena, la suspensión del clases presenciales y de actividades públicas son acciones que no contempla, por el contrario, las promueve.

Según el dictador, la cuarentena es un lujo que países con la economía de Nicaragua no se puede permitir, porque, entonces la población se morirá de hambre. Su demanda para enfrentar la crisis sanitaria son fondos y suspensión de las sanciones que Estados Unidos, Europa y Canadá han impuesto a sus funcionarios implicados en corrupción y graves violaciones de derechos humanos.

OCULTA LA REALIDAD

También es política del régimen ocultar el impacto real de la pandemia. Mientras los hospitales públicos y privados se saturan de personas con síntomas de Covid-19 y aumentan los despachos de cadáveres con orden de entierro inmediato y actas que indican como causa de defunción "Neumonía atípica", los registros oficiales reflejan otra realidad.

En la actualización semanal sobre coronavirus, el Minsa reportó que Nicaragua acumula 1,464 casos de coronavirus y 55 muertes asociadas a esta enfermedad. Sus números reflejan una leve mejoría respecto al informe anterior: en la última semana el Minsa dice que atendió 346 nuevos casos de Covid-19, un 3,6% menos que los 359 hace una semana. Los fallecimientos se redujeron en 18% al pasar de 11 a 9, de acuerdo con los datos leídos por la ministra titular de Salud, Martha Reyes.

Sin embargo, el independiente Observatorio Ciudadano reporta más de 5 mil casos de coronavirus en Nicaragua y ha confirmado al menos 1,114 muertes sospechosas por Covid-19.

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La autoridad de Salud, además, continúa sin especificar la fase de transmisión del Covid-19 en que se encuentra en el país, pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó desde varias semanas que hay contagio comunitario y que el incremento exponencial de casos y muertes será inevitable, en tanto no se adopten medidas como la cuarentena.