Almagro llama a declarar alteración del orden constitucional en Nicaragua

El secretario general de la OEA, Luis Almagro,  considera necesario ir a “procesos subsiguientes” que lleven a la declaración una alteración del orden constitucional en Nicaragua.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo este miércoles en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que es necesario activar “procesos subsiguientes” que lleven a la declaración oficial de una “alteración del orden constitucional” en Nicaragua de parte del organismo interamericano.

Almagro recordó las consecuencias que ha tenido para Nicaragua la represión del régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018 y, por primera vez, declaró abiertamente que  las fuerzas armadas del país se han politizado a favor del régimen.

Asimismo, insistió en la necesidad de refundar el Consejo Supremo Electoral y ofreció el apoyo de la Secretaría General de la OEA para el proceso de reformas electorales previsto para este año, de cara a las elecciones presidencial del 2021.

A continuación te presentamos el discurso íntegro.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA):

Ya la situación actual ha sido un camino doloroso de trágico para los nicaragüenses. Todo este tiempo se han hecho esfuerzos para encontrar una salida política que permita reconducir a Nicaragua en la senda democrática de bienestar económico y de tranquilidad social.

Lamentablemente las condiciones no han mejorado. El país continúa en deuda con la justicia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una salida democrática a la situación. Hemos solicitado la convocatoria de esta sesión para consignar la evolución que ha tenido la situación en Nicaragua.

La OEA, y en particular la Secretaría General, han recorrido varios caminos para contribuir al fortalecimiento democrático de Nicaragua, pero las condiciones no han mejorado y el país sigue inmerso en la misma problemática política y social.

De acuerdo con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al 10 de marzo de 2020 las cifras de la crisis incluyen 328 personas asesinadas; más de 405 profesionales de la salud despedidos; 150 estudiantes expulsados como represalia; más de 90 trabajadores de medios independientes exiliados; más 103,600 nicaragüenses huyeron a países vecinos.

Según distintas fuentes, en el periodo hubo entre 450 y 700 presos políticos, miles de heridos y decenas de desaparecidos.

La CIDH advirtió en un comunicado el 16 de mayo de 2020 que a dos años de la visita oficial a Nicaragua, persisten patrones represivos de ataques a las libertades públicas, mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social, el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa; la estigmatización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos; el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes.

Asimismo, remarcó el debilitamiento a las instituciones públicas a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y adicionalmente el impedimento del escrutinio internacional en terreno.

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados y la disposición de la Secretaría General para colaborar en acercamientos que permitan encontrar una salida a la crisis institucional en curso, al día de hoy no ha existido la voluntad política para restablecer el estado de derecho y emprender un proceso serio y participativo de reformas que conduzcan a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.

Hemos hecho nuestras las recomendaciones del informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua presentado en el Consejo Permanente que leo a continuación:

“En vista de la negativa del Gobierno de Nicaragua a colaborar con la Comisión, regresar a la mesa de diálogo y emprender cualquier mediada que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia en ese país, las gestiones diplomáticas de la Comisión han sido infructuosas aunado a esto el testimonio e información recibida de diversos actores, lleva a la Comisión a recomendar al Consejo Permanente que declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

Y sobre la base en los testimonios recibidos, la Comisión consideró que cualquier solución pacífica a la situación en Nicaragua debe incluir el fin de la represión, la restauración de los derechos humanos y un sincero esfuerzo de todas las partes para volver a la mesa de diálogo.

La Comisión reitera la urgente necesidad de regreso al país de los mecanismos de derechos humanos —esto es un imperativo fundamental—.

La reinstitucionalización es el único camino delante de Nicaragua. La Secretaría General de la OEA reitera que la opción para reencausar el orden constitucional es la electoral.

Para eso es indispensable un proceso político de reformas electorales en un marco definido de diálogo con todos los actores políticos, todos los sectores políticos y sociales para convenir una ruta que garantice elecciones libres, justas y transparentes.

Las reformas político-electorales deben apuntar a la generación de un marco jurídico y administrativo permanente que brinde certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia a los diversos procedimientos o actos de carácter electoral.

Una reforma al diseño institucional electoral a través de la conformación de un nuevo Consejo Supremo Electoral que genere confianza a la población y brinde garantías a todos los sectores y actores políticos.

Definir mecanismos de intervención de los órganos electorales intermedios y las juntas receptoras de votos que garanticen el profesionalismo e imparcialidad en sus actuaciones.

Una Ley de Partidos Políticos que establezca procedimientos claros para su creación, funcionamiento, participación, democracia interna, acceso a financiamiento, entre otros. Los partidos deben tener un rol activo en la actividad del Poder Electoral y un espacio formal de diálogo con el Consejo Supremo Electoral.

Definir mecanismos para garantizar el acceso equitativo y transparente de los candidatos a los medios de comunicación, regular los procedimientos contenciosos y medios impugnatorios que permitan definir con claridad las diferentes actuaciones y resoluciones de los organismos electorales que son impugnables, garantizar la participación amplia y plural de la sociedad civil en los procesos electorales que permita asimismo una observación electoral profesional, imparcial y objetiva.

Las reformas y posteriores normas administrativas deben considerar las diversas recomendaciones que ha realizado la Secretaría General.

La Secretaría General reitera, y lo ha demostrado con creces, su disposición al acercamiento a las partes y su disposición al diálogo permanente. Mucha prudencia y capacidad de diálogo e iniciativas diversas y complementarias deberá desarrollarse para la construcción de un nuevo escenario en el cual puedan debatirse, acordarse y operativizar un proceso de distensión y de acuerdos.

La comunidad internacional, los organismos regionales e internacionales tienen un papel imprescindible que desempeñar, así como todos los países y las organizaciones civiles preocupadas por la situación en Nicaragua.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar, a brindar el apoyo que sea necesario al Gobierno y a todos los sectores políticos y sociales de Nicaragua para retomar el camino del diálogo y encaminar el proceso de reformas necesarias.

Nada será posible si los mismos nicaragüenses no desean, no encuentran la forma de volver a la mesa a negociar, a discutir y establecer parámetros de convivencia política.

Ante la falta de voluntad de diálogo del Gobierno de Daniel Ortega hacemos nuestra la conclusión de la Comisión de Alto Nivel respecto a que, hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional.

Si vemos las responsabilidades constitucionales en Nicaragua y sus responsabilidades con la Carta Democrática Interamericana, tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, al acceso y ejercicio del poder conforme al estado de derecho.

En Nicaragua lo que encontramos es la criminalización de los derechos de la gente. Hay una criminalización de los derechos civiles y políticos de la gente; la criminalización de los derechos económicos y sociales de la gente que vive en condiciones particulares para acceder a necesidades básicas y atención de salud básica.

Lo que vemos en Nicaragua es el excesivo uso de la fuerza de parte de las fuerzas represivas del Estado, la falta de responsabilidad y la falta de verdad en la represión que realizan fuerzas represivas del Estado. Vemos graves violaciones derechos humanos que llevaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a calificar esos crímenes como crímenes de lesa humanidad.

Nicaragua definitivamente tiene un proceso electoral que no es transparente ni imparcial en sus autoridades. No es transparente en su ejecución. No es transparente en los mecanismos de resolución de conflictos. No respeta el principio de una persona, un voto porque su registro electoral definitivamente está completamente alejado de la realidad y de lo que debe ser un registro electoral. No es transparente en cuanto a la financiación de campañas políticas. No es transparente y no es justo en cuanto al acceso a la prensa.

El sistema plural de partidos ha quedado completamente avasallado por las fuerzas represivas del régimen. No existen las posibilidades de registro de candidatos, de partidos, no existen posibilidades reales más que las que surgen de la cooptación de los pequeños partidos por parte del régimen, el desbande de partidos por parte de la Suprema Corte nicaragüense, la descalificación de los candidatos individuales por parte de la Corte y por parte del Sistema. Hay una completa simetría en la situación de participación política de los diferentes sectores políticos y sociales y la deslegitimación absoluta de que la soberanía radica en el pueblo, de la cual ha sido completamente arrebatado.

Además, la persecución política y el exilio forzoso de los nicaragüenses y de los candidatos y políticos nicaragüenses. Hemos visto cómo el poder Ejecutivo ha extendido sus poderes de facto; hemos visto la politización completa del Poder Judicial y la judicialización de la política; hemos visto que las fuerzas armadas y la policía se han repolitizado y actúan de una forma política.

Definitivamente, en cada una de estas variables vemos que no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia que establece el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. No hay respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales. No existe un ejercicio del poder conforme al estado de derecho. No hay un sistema electoral que permita la representación justa y que: una persona, un voto.  No existe la separación de poderes en ninguno de los casos.

Hemos visto cómo el estado de derecho ha sido completamente avasallado y, definitivamente, no existen garantías en ningún caso. No existe ninguna posibilidad de hacer valer estas garantías.

Espero que las condiciones de trabajo nos lleven a encaminar posibles soluciones de la situación en Nicaragua, el restablecimiento del estado de derecho y trabajar con el pueblo nicaragüense para la consecución de un sistema electoral que dé las máximas garantías a la gente.

Gracias.