Suiza sanciona a seis funcionarios orteguistas y ofrece apoyo para salida pacífica a la crisis

El Consejo Federal Suizo aplicó sanciones financieras y restricciones de viaje a seis funcionarios orteguistas, también castigados por la Unión Europea. "Las sanciones no se aplican al pueblo de Nicaragua", aclara.

El Consejo Federal del Gobierno de Suiza adoptó medidas coercitivas contra seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega, sumándose así a las sanciones adoptadas el 5 de mayo pasado por la Unión Europea. Suiza tomó acciones por el continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Nicaragua, a la vez ofreció su apoyo para una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Los sancionados por violaciones a los derechos humanos son: los comisionados de la Policía Orteguista Francisco Díaz, Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas; y los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y la exministra de Salud, Sonia Castro. Las medidas consisten en congelar los activos de estos funcionarios y prohibir la entrada a Suiza o el tránsito.

Según un comunicado oficial, el Consejo Federal está muy preocupado por el aumento de los ataques contra la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua, y aclara que "las sanciones no se aplican al pueblo de Nicaragua", y entran en vigencia a partir de hoy.

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El Gobierno Suizo también hizo un llamado al régimen para que respete y defienda los derechos humanos consagrados en el derecho interno y el derecho internacional público, "en particular la libertad de expresión y la libertad de reunión". 

"El Consejo Federal insta a las autoridades del país a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, tal como se definen en los dos acuerdos celebrados con la oposición a fines de marzo de 2019, y a llevar a cabo una verdadera reforma electoral. 

"En vista de sus cuarenta años de compromiso con el desarrollo de Nicaragua, Suiza está lista para apoyar los esfuerzos encaminados a una solución pacífica del conflicto sociopolítico", dijo el país helvético.

Las sanciones de la Unión Europea, a las que le siguieron las de Reino Unido, son reversibles y no están dirigidas afectar a la población, sino que son individualizadas y dirigidas a funcionarios específicos responsables de la represión.

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“La UE espera que el Gobierno de Nicaragua cumpla en su totalidad con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición. Hay tres áreas principales en las que se necesita hacer un progreso tangible”, demandó en mayo Josep Borrel, jefe de la diplomacia europea.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, señaló en su cuenta de Twitter que las sanciones son un paso a la justicia.

Por su parte, Jesús Téfel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) considera que la crisis de Nicaragua ha trascendido el continente americano desde el momento en que la Unión Europea y el Reino Unido aplicaron sanciones contra funcionarios de la dictadura.

“Hay un interés porque se solucione la crisis y hay más países sumándose al tomar cartas en el asunto de manera beligerante. Ya no solo una condena en un foro internacional, sino que son gobiernos tomando acciones claras, específicas y contundentes contra la corrupción y violaciones de derechos humanos”, dice.

Para Tefel es clave que la comunidad europea presione a la dictadura porque se suma a los esfuerzos que Estados Unidos, Canadá y otros países latinoamericanos han hecho por contribuir a resolver la crisis que vive Nicaragua.

También considera que la respuesta de Ortega a la emergencia de coronavirus ha sido un aliciente para que la comunidad internacional dimensione el colapso sistematizado en el que vive Nicaragua. “Se está viendo a Ortega como un Estado fallido, que no sólo mata con balas, sino que también colapsó en el manejo de salud”, explica.