Ejército declara subordinación a Ortega tras sanciones de Estados Unidos

El Ejército de Nicaragua catalogó como “acciones injerencistas” las sanciones de Estados Unidos en contra de su jefe y sostiene que sus actuaciones se han desarrollado en apego a la ley, pero no desarmó a los paramilitares.

Un mes después de las sanciones de Estados Unidos al jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, la institución reaccionó catalogando las medidas como “acciones injerencistas” y declaró, una vez más, “subordinación” al régimen.

Este miércoles el mayor Bayardo Rodríguez, Jefe del Estado Mayor del Ejército, participó en un encuentro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) donde fue consultado sobre las sanciones a Avilés.

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“Todos en el Ejército, desde su jefe del Estado Mayor, que está aquí parado como soldado, estamos claros que nuestras actuaciones se han desarrollado en estricto apego a lo que dispone la constitución y las leyes”, declaró el alto funcionario.

Sobre las sanciones, dijo que “este tipo de acciones injerencistas no van afectar nuestro quehacer institucional”.

En referencia a Ortega, jefe supremo del Ejército de Nicaragua, Rodríguez recalcó en que “él (Ortega) es el que tiene y ejerce el mando de la institución y al que guardamos respeto como soldados de la patria y como profesionales de las armas”.

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LA SANCIÓN A AVILÉS

Julio César Avilés Castillo fue designado por ser un actual funcionario del Gobierno de Nicaragua como el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. 

Avilés, que está alineado políticamente con el presidente Ortega, “se negó a ordenar el desmantelamiento y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolíticas durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”, señala Estados Unidos.

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El Tesoro estadounidense argumenta que los militares nicaragüenses proporcionaron armas a los parapolicias que llevaron a cabo actos violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas.