CIDH: A un año de crisis, Nicaragua sigue bajo estado policial y deterioro institucional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide cesar la represión, esclarecer la verdad sobre los hechos y garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral a fin de evitar la repetición de las graves violaciones perpetradas por las autoridades.

A un año de iniciadas las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua se mantiene la imposición de un estado policial y de grave deterioro institucional, persiste la represión estatal y una estrategia dirigida a acallar las voces disidentes, asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La CIDH lamenta que, a un año de iniciada la crisis, en Nicaragua se mantenga la imposición de un estado policial y de grave deterioro institucional. Persiste la represión estatal y una estrategia dirigida a acallar las voces disidentes. Asimismo, las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión permanecen impunes”, afirmó la CIDH en un comunicado.

La Comisión reiteró este miércoles su llamado a cesar la represión, esclarecer la verdad sobre los hechos iniciados en abril de 2018, garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral a fin de evitar la repetición de las graves violaciones perpetradas por las autoridades.

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DISPUESTOS A VOLVER

Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, recordó que “la Comisión Interamericana está en la disposición para regresar al país y colaborar técnicamente con las autoridades en materia de derechos humanos”.

“Para la CIDH siempre será prioritario estar en terreno al lado de las víctimas”, sostiene Abrão. Hasta ahora el régimen de Daniel Ortega se niega a invitar a organismos internacionales de derechos humanos para que sean garantes de los acuerdos firmados en las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

"Cualquier solución a la crisis coherente con el derecho internacional de los derechos humanos debe colocar a las víctimas como su prioridad"

Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua.

El pasado 27 de febrero, la CIDH reconoció el establecimiento de la Mesa de Negociación como una oportunidad invaluable para avanzar en la construcción de una solución pacífica, permanente y democrática a la grave crisis de derechos humanos que vive el país.

“En dicho contexto, la CIDH urge a superar los obstáculos que impiden su continuación y la implementación de los acuerdos alcanzados entre las partes”, expresan.

RECONOCEN ENTREGA DE DEFENSORES DE DD.HH.

A un año de la crisis, la CIDH reconoce el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, así como los trabajadores de medios de comunicación y periodistas independientes que han logrado mantenerse en el país.

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“Durante este tiempo ha sido admirable la perseverancia de las familias de las personas asesinadas en las protestas, de las familias de las personas que permanecen detenidas y de las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan para la obtención de verdad, justicia y reparación. Su liderazgo y valentía constituyen el motor de nuestro acompañamiento”, señaló la Comisionada Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión.

La Comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, sostiene que cualquier solución a la crisis coherente con el derecho internacional de los derechos humanos debe colocar a las víctimas como su prioridad. “Asimismo, en cualquier proceso de dialogo, es esencial que las voces de las víctimas y sus familiares sean escuchadas”, agregó.

LO QUE DEJÓ LA REPRESIÓN

Según datos de la CIDH, la respuesta violenta del régimen a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril han dejado la muerte de 325 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; y más de 2,000 heridas.

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La CIDH registra 777 presos políticos, de los cuales al menos 500 continúan en prisión; 300 profesionales de la salud fueron despedidos; 144 estudiantes de la UNAN han sido expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios se vieron forzados al exilio y de acuerdo con ACNUR, alrededor de 62,000 nicaragüenses han salido al exilio.

El Comisionado Joel Hernández, Relator para las Personas Privadas de Libertad, demandó la inmediata liberación de los presos políticos “bajo un proceso ordenado, expedito, transparente y que otorgue certeza sobre su situación jurídica”.