CSE patina con oferta de personería, organizaciones detectan trampa y denuncian ilegalidad

Organizaciones opositoras demandan la despartidarización del CSE, la depuración del padrón electoral, remoción de los magistrados electorales, y elecciones libres y transparentes.

Las principales fuerzas opositoras de Nicaragua no han esperado para manifestar su rechazo a la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) que amplía el plazo que tienen las organizaciones políticas para obtener su Personalidad Jurídica y participar en las elecciones presidenciales en 2021. Detectan trampa divisionista e intento por evadir la demanda de reformas electorales, que aparte constituye otra violación a la Constitución Política.

La Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), ambas integradas en la Coalición Nacional, expresaron que la Certificación publicada este martes en La Gaceta, diario oficial, no resuelve la demanda de reformas al sistema electoral de Nicaragua.

Además, afirman que no garantiza la recuperación de la confianza del votante, ni las garantías ciudadanas para la realización de elecciones transparente, ni la observación electoral nacional e internacional.

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“Rechazamos la estrategia de la dictadura de no resolver los temas políticos de fondo que ayuden a los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones democráticas para salir de la grave crisis de derechos humanos e institucional que atravesamos desde el 20188”, señaló la Alianza Cívica a través de un comunicado.

REFORMAS PROFUNDAS

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, planteó que se mantiene la exigencia de reformas electorales profundas que incluye la remoción de los magistrados del CSE, la observación electoral, la depuración del padrón y que se flexibilice los requisitos para realizar alianzas, entre otros.

“Sin estos cambios de fondo, cualquier personería jurídica otorgada por un CSE fraudulento, estaría manchada por el tradicional zancudismo que tanto daño le ha causado al país”, reafirmó la Alianza Cívica.

Tamara Dávila, de la Unab, recordó que los magistrados electorales están al servicio del dictador Daniel Ortega, quien es el que da el sí o el no de toda su actuación, por lo que resta valor a la Certificación del Poder Electoral.

“Lo que la Unidad (Azul y Blanco) demanda es, reformas electorales profundas, y la remoción de todos estos magistrados que están ahí, de la dictadura”, enfatizó Dávila, miembro del Consejo Político de la Unab.

DESPARTIDARIZAR AL CSE

La Alianza Cívica coincide en que uno de los temas fundamentales en materia electoral es la despartidarización del órgano rector, controlado por el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

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Así mismo, la Alianza calificó la resolución del CSE como una estrategia del orteguismo para dividir a la oposición nicaragüenses y aseguraron que no participarán en ningún proceso electoral si no se cumple con la liberación de los presos políticos y la recuperación de las garantías ciudadanas.

ELECCIONES LIMPIAS Y TRANSPARENTES

De igual forma, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) repudió la resolución del CSE, porque la consideran una burla a la demanda de los nicaragüenses para que haya elecciones limpia y transparente, competitivas y adelantadas.

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“En Nicaragua, nadie puede obtener personalidad jurídica como partido político si no cuenta con el visto bueno de la dictadura, pues las condiciones de la ley y normas actuales, vuelven la conformación de fuerzas políticas en un asunto de decisión discrecional del régimen”, señaló el MRS.

Además rechazaron “las migajas que el régimen de los Ortega Murillo deja caer de la mesa y reafirma su compromiso con el logro de verdaderas condiciones para elecciones que le permitan al pueblo nicaragüense decidir, limpiamente, acabar con esta dictadura y restablecer la democracia”.