Crean sospechosa organización militar “Defensores de la Patria”

Entre los objetivos de la organización está “contribuir al respeto a la patria y a los símbolos patrios”. Podrán tener presencia en todo el país y para ser miembro solo basta tener 18 años. Expertos alertan que están legalizando el paramilitarismo en Nicaragua.

El Ministerio de Gobernación autorizó la inscripción de una organización denominada “Consejo de Defensores de la Patria" (CODEPAT), que aglutina a diferentes organizaciones de militares retirados del antiguo Ejército Popular Sandinista (EPS) y actual Ejército de Nicaragua, y tiene como objetivo “contribuir al establecimiento de valores éticos y morales, el respeto a la patria y los símbolos nacionales”.

Los estatutos de la organización fueron publicados en La Gaceta, diario oficial, del pasado 24 de abril y fue constituida el 14 de febrero de este año.

El CODEPAT tiene su sede en la ciudad de León, pero podrá tener filiales departamentales y municipales en todo el país o en el extranjero “si fuese necesario”, según detalla la publicación oficial.

Para cumplir con sus objetivos, la organización establecerá contactos con entidades públicas y de la sociedad civil “para dar respuesta a un sinnúmero de problemas que en la actualidad enfrenta el gremio de militares retirados pertenecientes a organizaciones aglutinadas en este Consejo”.

“Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de vida de sus miembros mediante la elaboración e implementación de proyectos económicos y sociales dirigidos hacia los programas que para tal fin impulse el presidente de la República e instituciones privadas o del Estado”, es otro de sus objetivos.

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Esta organización además podrá gestionar atención médica pública y privada, educación y becas para sus miembros.

¿QUIÉNES PUEDEN SER MIEMBROS?

Según los estatutos, podrán ser miembro de este organismo los militares retirados y desmovilizados de las Fuerzas Armadas, pero además quienes estén interesados en afiliarse y sean mayores de 18 años.

Hay tres categorías de miembros: miembros fundadores, miembros y miembros honorarios.

El único requisito para ser miembro es ser mayor de 18 años, presentar una solicitud por escrito y someterse a los estatutos y reglamento interno de la organización.

¿ORGANIZACIÓN PARAMILITAR?

La creación de esta nueva organización genera suspicacias en un contexto en el que el régimen de Daniel Ortega ha utilizado a centenares de paramilitares para reprimir y asesinar a manifestantes que desde abril de 2018 decidieron protestar en su contra.

Roberto Cajina, experto en temas de seguridad, asegura que la creación de esta organización para buscar “beneficios” a militares retirados y jóvenes que se quieran afiliar, “luce más como una cortina de humo de una fuerza de choque y hasta paraestatal”.

Formalmente llena todos los requisitos de una asociación. Sin embargo, en las condiciones actuales de Nicaragua, es decir, en el contexto de la crisis sociopolítica, “resulta sospechoso no solo el nombre, sino que esté compuesta por gente con preparación militar y capacidad operativa (jóvenes mayores de 18 años), es decir, potenciales paramilitares que buscan cobertura legal”, explica Cajina.

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Según el experto, el que se denominen "Defensores de la Patria" ya da una importante pista de sus verdaderos fines: “defender la Patria es, para ellos, defender al régimen”.

Otro hecho que llama la atención es que su sede nacional esté en León, ciudad que ha sido nicho de ex miembros de la Seguridad del Estado de la década de 1980, agrega Cajina.

“ESTÁN LEGALIZANDO EL ACTUAR PARAMILITAR”

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) critica que entre los objetivos de esta organización esté el “contribuir” al respeto a la patria y los símbolos nacionales.

“No dicen de qué forma lo van hacer, pero eso es una facultad exclusiva del Ejército”, sostiene. Para Núñez, la creación de esta organización con fines de asistencialismo es una mampara del régimen de Daniel Ortega para legalizar el paramilitarismo.

“Es como legalizar la agresión, tiene todas las características de una organización paramilitar. Están promoviendo el asistencialismo para comprar a la gente. Esto es gravísimo porque están legalizando el actuar paramilitar”, denuncia.

La defensora de derechos humanos argumenta que en la actualidad ya hay organizaciones de quienes participaron en la resistencia de 1980 y en este caso alerta el que quieran reclutar a nuevos miembros, sobretodo jóvenes.

“Van a reclutar a más gente, se están preparando para aumentar los niveles de represión. Esto es una mampara para incrementar la agresión y la represión. Siempre han mantenido excluidos a los miembros de la resistencia, ahora que los están usando para reprimir al pueblo los están premiando. Amparándose en el derecho de asociación los están instrumentalizando”, afirma Núñez.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARAMILITARES

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos de violencia de abril de 2018 define a los paramilitares como grupos compuestos por personas no identificadas que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actúan en coordinación con las fuerzas policiales en la represión contras las voces disidentes al régimen.

A estos grupos se les atribuye centenares de detenciones ilegales contra manifestantes opositores a Ortega y su participación en la denominada “Operación limpieza” ejecutada entre julio y agosto del año pasado. Esta consistió en la eliminación de tranques y barricadas a través de ataques armados contra manifestantes, que dejó centenares de asesinados en todo el país.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó la operación de estos grupos desde mayo de 2018, a menos de un mes del inicio de la rebelión cívica contra Ortega.

Los denominó como grupos parapoliciales, considerando que actúan con la “aquiescencia, tolerancia y colaboración” de las autoridades estatales y, específicamente, de la Policía.

NO SON DE ABRIL, LLEGARON CON ORTEGA EN 2007

Los llamados grupos de choque se conformaron a finales del 2007 e inicios del 2008, con la llegada de Daniel Ortega a la Presidencia. Una de las primeras ocasiones en las que se tiene registro fue en las elecciones municipales del 2008, cuando se enfrentaron y agredieron a simpatizantes de la oposición que reclamaban por los resultados electorales en diferentes municipios del país a la vista de la Policía, a plena luz del día y dirigidos por funcionarios del régimen.

Según testimonios recogidos por el GIEI y documentados en su informe de diciembre de 2018, los grupos de choque, también llamados “turbas sandinistas”, están integradas por jóvenes reclutados de distintas maneras: integrantes de la Juventud Sandinista, personas captadas en los barrios a través de los CPC, las Alcaldías, líderes políticos, trabajadores de instituciones estatales y pandilleros o expandilleros.

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Desde el 2011, los responsables de centros de reinserción de jóvenes pandilleros alertaron públicamente sobre el reclutamiento por parte de secretarios políticos del Frente Sandinista y la entrega de armas para participar en acciones de represión a grupos de oposición política.

El caso más grave fue el del joven Samir Matamoros, quien disparó contra una manifestación de protesta en las jornadas conocidas como “miércoles de protesta”, en las afueras del Consejo Supremo Electoral. El joven había pertenecido a una pandilla, pasó por un proceso de reinserción y fue presionado por simpatizantes del gobierno para integrar los grupos de choque.

“La participación de los grupos de choque en ataques y agresiones a la oposición política o a expresiones de descontento social, ha sido una constante durante los once años del gobierno Ortega”, concluyó el GIEI.