Policía manda a mediar a mujeres víctimas de violencia, solo 2 de cada 10 casos llegan a los juzgados

En 189 días la Policía Orteguista registró 9,880 denuncias de delitos y faltas contra mujeres en Nicaragua, lo que representa un 25% de incremento de casos en comparación con el año anterior, según datos revelados por la institución. Sin embargo, 8 de cada 10 víctimas son obligadas a mediar con sus agresores y apenas 2 de cada 10 casos han llegado a los tribunales.  

Entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de este año, en las Comisarías de la Mujer se recibieron en promedio 52 denuncias al día de delitos que atentan contra la dignidad y vida de las mujeres, informó este jueves la institución.  

Del total de denuncias recibidas, 2,964 constituyen delitos (30%) y 6,916 constituyen faltas penales (70%), que corresponden a hurtos menores, asedios, agresiones verbales y escándalo público. 

De las denuncias que constituyen delitos, la Policía detalló que 1,166 corresponden a casos de intimidación o amenazas contra la mujer (agresiones mediante escritos, mensajes electrónicos o cualquier otro medio que intimide o amenace a una mujer).  

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Además, 532 mujeres adultas, niñas y adolescentes fueron víctimas de violación, 505 denunciaron lesiones psicológicas, 474 abuso sexual, 102 estupro, 74 lesiones graves y se registraron 100 casos de otros delitos como acoso sexual, pensión alimenticia, violencia psicológica y daños a la propiedad.  

“Hemos observado un incremento en la denuncia en un 25%, es decir 1,976 denuncias más en los siguientes lugares: Distrito V, VI y VII, aquí en Managua y en los departamentos de Chinandega, Estelí, Matagalpa y Masaya”, explicó el comisionado mayor Jaime Vanegas, inspector general de la Policía. 

ALTOS NIVELES DE IMPUNIDAD 

Del total de denuncias recibidas, las Comisarías de la Mujer han remitido al Ministerio Publico y Poder Judicial 7,900 expedientes, “de los cuales 6,320 casos fueron resueltos a través de mediación entre las partes y 1,100 que son presos que enfrentan procesos por delitos cometidos”. 

Los datos oficiales son alarmantes. La Policía reconoce que un 80% de los casos son resueltos a través de la mediación y apenas el 20% de los victimarios llega a enfrentar un proceso judicial.  

La mediación es un recurso que quedó establecida en la Ley 779 reformada por el régimen para establecer una negociación entre la víctima y el agresor cuando se trata de faltas, es decir, cuando las agresiones no han tenido un nivel superior de gravedad.  

Pero en la práctica lo que ha ocurrido es que la Policía Orteguista ha impuesto la mediación en casos de delitos graves, delitos que ameritan cárcel, explica María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente. 

“La Policía, arbitrariamente, ha obligado a las víctimas a mediar con hombres que les han provocado daños severos físicos y psicológicos. Hombres que han amenazado de muerte a las mujeres con las que vivía, incluso en caso en que los hombres han secuestrado a los hijos de las mujeres como forma de chantaje”, asegura. 

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Según Blandón, la Policía se ha vuelto cómplice de los agresores y se ha convertido en el principal factor de impunidad. “Pero la institución no actúa por su cuenta, sino bajo directrices de la pareja Ortega – Murillo que ha manejado un discurso que pretende minimizar la gravedad de la violencia de género, justificar el comportamiento agresivo de muchos hombres y que ha revictimizado a las mujeres”, alerta. 

POLICÍA MAQUILLA CIFRAS DE FEMICIDIOS  

El informe presentado por la Policía solo reconoce 12 femicidios en lo que va del año, de los cuales 11 corresponden al periodo señalado del 1 de febrero al 7 de agosto. Otros siete crímenes contra mujeres son calificados como “homicidios”.  

En total, el régimen Ortega – Murillo solo reconoce 19 mujeres asesinadas en lo que va del año. Sin embargo, el Observatorio de Violencia de Católicas por el Derechos a Decidir ha documentado hasta ahora 44 femicidios.  

“Es una barbaridad reconoce solo 12 femicidios. Siguen minimizando la violencia contra la mujer para presentar buenos indicadores ante el mundo, como que este fuera un país seguro para las mujeres cuando no lo es”, lamenta Martha Flores, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.