Abogados analizan caso del excanciller Aguirre Sacasa, quien podría ser condenado a tres años de cárcel

La detención del excanciller Francisco Aguirre Sacasa es vista con más tintes políticos que delictivos. El exdiplomático fue presentado este sábado como “delincuente” por la Policía Orteguista al atribuirle la compra de dos campanas robadas de la parroquia San José Obrero, de Granada. Abogados explican que la institución viola la presunción de inocencia del detenido y, de ser procesado, podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de cárcel.  

“El hecho de que sea opositor y crítico del régimen lo expone a que se le violen sus derechos. No puede ser tratado como culpable sin haber sido sentenciado a priori, pero la Policía ya lo está presentando como culpable”, señala la abogada de presos políticos Yonarqui Martínez. 

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Por su parte, el abogado penalista Manuel Nicaragua, explica que para procesar judicialmente al excanciller por el delito de receptor de objetos robados, conocido popularmente como “Tope”, se tiene que comprobar que tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los mismos. 

“La pena de este delito oscila entre 1 y 3 años de cárcel, la única manera que se le puedan retirar los cargos a este señalado, es que el afectado (iglesia) desista del proceso judicial”, explicó. 

El abogado menciona que, si el representante de la iglesia decide llegar a un acuerdo, Aguirre Sacasa perdería lo que pagó por las campanas y se exoneraría de la pena que se le puede llegar a imponer. 

NO DEBE ESTAR EN PRISIÓN PREVENTIVA 

Francisco Aguirre Sacasa, de 75 años, se enfrenta a un proceso de un delito menor, y al ser una persona de la tercera edad, las autoridades no deberían mantenerlo en prisión preventiva, sino adoptar una medida alterna.  

“No puede estar en prisión preventiva, se debe poner una medida alterna a la prisión preventiva, es una persona de la tercera edad y debe ser tratado con respecto a lo que la norma dice. Además, estamos en pandemia y las personas adultas son las más vulnerables”, sostiene Martínez.  

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La abogada de presos políticos considera que aunque la Iglesia desistiera de la denuncia, las autoridades pueden “seguir sus diligencias de oficio” y más al tener a un preso de peso como el excanciller.  

“Esto se trata de una represalia política por su postura crítica con el régimen. Eso lo expone aun más a que se violen sus derechos", indica la defensora.

El abogado Julio Montenegro, de los Defensores del Pueblo, coincide con Martínez y agrega que, “considerando la especial circunstancia que él tiene, que es de la tercera edad, que es una persona ampliamente conocida que probablemente no se va escapar, debería dictarse una medida alterna a la prisión”. 

Según Montenegro, las autoridades deben analizar si en el caso de Aguirre Sacasa compró las campanas para devolverlas a la Iglesia y tener en cuenta que en el país hay un desconocimiento generalizado de que es un delito comprar objetos de los que no se conoce su procedencia. 

“Debe verse si hubo una intención de devolver las campanas a la Iglesia. Es dudable que una persona notable quisiera manchar su reputación”, dice Montenegro.