Diálogo agoniza por intransigencia del régimen
Delegados de Daniel Ortega trancan la negociación aferrados a que se haga una petición anticipada al retiro de sanciones internacionales. “El gobierno asumió una posición totalmente intransigente”, señaló el negociador José Palláis.


- mayo 04, 2019
- 12:24 AM
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Delegados de Daniel Ortega trancan la negociación aferrados a que se haga una petición anticipada al retiro de sanciones internacionales. “El gobierno asumió una posición totalmente intransigente”, señaló el negociador José Palláis.
Las negociaciones entre la Alianza Cívica y los delegados de Daniel Ortega han entrado en su fase más crítica. “Para mí el diálogo ya está agonizando”, declaró este viernes José Palláis, tras finalizar una sesión más que no avanza por la “intransigencia” del régimen que exige la gestión anticipada del retiro de las sanciones internacionales que pesan sobre funcionarios considerados corruptos y violadores de derechos humanos con responsabilidad directa en las acciones represivas contra la ciudadanía.
“Van varias sesiones en que tratamos de retomar en consenso sobre los acuerdos a los que se había llegado a través de la propuesta de los testigos y acompañantes y no se logra”, lamentó el negociador por la Alianza Cívica al señalar que “el gobierno asumió una posición totalmente intransigente”.
“No hemos podido encontrar un punto donde coincidamos”, coincidió Mario Arana, otro de los negociadores por la Alianza Cívica, revelando así el grave rumbo que han tomado las negociaciones, luego que el 1 de mayo el propio Ortega en un discurso visceral culpó a la organización cívica de promover y celebrar las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. El líder sandinista además criticó a esta organización por no emitir condenas sobre las sanciones pese a que, según él, los efectos de estas alcanzan al pueblo y a la empresa privada.
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EN MAYO DEBEN TERMINAR NEGOCIACIONES
El régimen tiene hasta este mes de mayo para dar trámite al cumplimiento de los compromisos adquiridos ante los testigos y garantes de las negociaciones, anotó Arana. “En mayo se debe resolver en materia de negociación y que dejemos esto cerrado, aquí es donde se va demostrar si hay o no voluntad”, resaltó el negociador al mencionar que los delegados de Ortega “a eso (plazo) no le han dicho no, pero insisten en las sanciones”.
“En este tema de las sanciones estamos estancados, porque el gobierno está planteando que nosotros hagamos un llamado al levantamiento de sanciones, como que si nosotros tuviéramos algún poder sobre ese asunto”, sostuvo Arana y volvió a explicar que la Alianza contempla realizar ese tipo de gestiones una vez que se hayan alcanzado soluciones integrales a los problemas del país y cesado las causas que las provocaron”.
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El único acuerdo al que llegaron este viernes fue volverse a encontrar el lunes para continuar en la búsqueda de mecanismos que destraben la implementación de los acuerdos que permitirían la liberación de 232 presos políticos incluidos en la lista conciliada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como otros temas referidos a la restitución de las libertades y el cese a los mecanismos de asfixia y acosa a los medios de comunicación.
La Alianza presentó dos propuestas a los negociadores orteguistas pero estos ofrecieron presentar la propia.
Según Arana, la propuesta de la Alianza plantea que las negociaciones terminen en cuatro semanas y se proceda a la implementación de lo acordado, lo cual incluye la designación de garantes internacionales para lo cual están postulados la OEA, por la Alianza, y el Sica por el orteguismo.
“Las propuestas están vinculadas a que podemos hacer un llamado e inclusive gestionar retiro de sanciones internacionales, pero vinculado a que ya hayamos acordado un entendimiento global e integral de los cuatro puntos de agenda y que además haya evidencia de avance del cumplimiento”, reiteró Arana.
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ACUERDOS SERIOS, NO COSMÉTICOS
Para Arana, la estrategia orteguista de condicionar el avance a la negociación a un pronunciamiento anticipado sobre el retiro de sanciones “no resuelve el fondo del asunto” que a estas alturas debe versar sobre la democratización, justicia y restitución de libertades.
"No queremos soluciones cosméticas, ni líricas”, subrayó pues considera que hasta ahora “hay cumplimiento muy parcial, muy por debajo de las expectativas” de parte del régimen cuando “aquí de lo que se trata es resolver el problema de una crisis profunda, estamos perdiendo el tiempo con este tipo de tácticas que terminan siendo dilatorias”, subrayó.
Palláis explicó que al acelerar los acuerdos, este mismo mes comenzaría su implementación de manera progresiva. “Es factible con la voluntad suficiente”, consideró.
En el caso de los presos políticos, esto permitiría que todos salgan de prisión antes del 18 de junio cuando se vence el plazo original de los 90 días, y, de esa manera, negociar la liberación de otros presos ciudadanos que el régimen todavía no reconoce como presos políticos.
Mario Arana enfático al señalar que la solución que el país espera que resulte de estas negociaciones está en la cancha de Daniel Ortega.
VERSIÓN DEL RÉGIMEN
El canciller Denis Moncada aseguró ayer que no están exigiendo que se gestione el retiro de las sancionesque afectan a funcionarios del orteguismo.
Mencionó que piden que se suspenda "la Nica Act y las medidas unilaterales que afectan a todo el pueblo nicaragüense y que afectan amplios sectores productivos de nuestro país de diferentes tipos, colores políticos e ideológicos, incluyendo pequeños, medianos y grandes productores, sobre todo, exportadores también en las aéreas alimenticias, en productos alimenticios, que con las medidas y la sanciones se han visto afectados de una forma muy sensible”.
No obstante, hasta ahora las sanciones impuestas recaen sobre Rosario Murillo, Laureano Ortega, Francisco Díaz, Francisco López, Fidel Moreno, Néstor Moncada Lau y Bancorp; los más cercanos a Ortega.
Moncada insiste en que la Alianza Cívica por "obligación patriótica" y responsabilidad social y empresarial condene y le diga a la comunidad internacional: "es necesario suspender, es necesario ya no producir este tipo de sanciones que afectan la economía, la producción, la vida cotidiana de miles y miles de nicaragüenses, de miles y miles de productores, de miles y miles de exportadores que se han visto afectados realmente en este país”.