OEA y CIDH enfrentadas por contrato de Paulo Abrão: Almagro alega denuncias contra el Secretario Ejecutivo

La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no reanudar el contrato laboral del brasileño Paulo Abrão en el puesto de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha provocado serios enfrentamientos entre a ambas organizaciones.

El caso ha trascendido luego que la CIDH pronunciara públicamente una "enérgica protesta" por considerar que Almagro al no dar lugar a la renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, la Comisión sufre "un grave embate contra su independencia y autonomía".

La CIDH sostiene que el Secretario General de la OEA tomó esa decisión de manera unilateral, "sin consulta previa" y, por tanto, la califica como "un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto del Secretario Ejecutivo, y dejar sin efectos la decisión de renovación adoptada 8 meses antes por la CIDH. No deja de llamar la atención de la CIDH que, durante ese lapso no recibió cuestionamiento alguno por parte del Secretario General sobre la pertinencia del procedimiento de renovación", plantea.

CIDH DEFIENDE CUALIFICACIONES DE ABRAO

Paulo Abrão había sido ratificado en su cargo para el periodo 2020-2024 por la CIDH en una asamblea celebrada en México los días 8 y 9 de enero, y lo decidido fue inmediatamente comunicado a Almagro, según expone el organismo.

La CIDH plantea que renovó el mandato de Abrão por "la necesidad de contar con un Secretario Ejecutivo que tenga las condiciones y capacidades para consolidar un proceso de transformación y modernización de las labores de la Comisión; que pueda liderar el proceso de conclusión de su Plan Estratégico 2017-2021; así como la construcción de su nuevo plan para el futuro, acorde con su visión para la protección de los derechos humanos en la región".

¿PORQUÉ ALMAGRO NO RATIFICA AL SECRETARIO EJECUTIVO?

Tras la protesta de la CIDH ha llegado la respuesta de Luis Almagro, quien señala la existencia de decenas de denuncias de funcionalidad contra Paulo Abrão "en algunos casos por meses", lo cual califica como "un duro golpe a su credibilidad".

"Obviamente, la seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación como se hiciera en el año 2016", justifica el Secretario General.

Según Almagro a pesar que la CIDH conoció decenas de denuncias, en algunos casos por meses, y estas no fueron trasladadas a las mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación, "lo cual debió ser realizado en definitiva por la Secretaría General".

Sobre ese punto la CIDH hace mención de la Ombudsperson sobre la situación de la Secretaria Ejecutiva en 2019, notificado a la Comisión el 10 de agosto de 2020, y califica de "inadmisible que se pretenda utilizar un informe institucional confidencial de la Ombudsperson o la información de que se estaría iniciando una investigación administrativa como fundamento de una decisión sobre la no renovación administrativa del Secretario Ejecutivo de la CIDH".

"La CIDH informa que durante todo el año de 2019 ha dado máxima atención al tema y ha acompañado cada una de las situaciones y de las medidas que se han adoptado para atenderlas. Al mismo tiempo, a la Comisión le produce una profunda extrañeza que a pesar de tratarse de situaciones referidas a 2019, la Ombudsperson haya esperado hasta 5 días antes del vencimiento del contrato del Secretario Ejecutivo, para transmitirlo. Tanto la CIDH como su Secretaria Ejecutiva con la debida diligencia y seriedad le suministraron a la Ombudsperson amplia información (...) La CIDH también destaca su firme posición sobre la necesidad de que se atiendan todas y cada una de las situaciones planteadas, se tome en cuenta y se verifiquen todos los aspectos que formen parte de dicho expediente, con el pleno respeto a la garantías del debido proceso y el principio de la presunción de inocencia (...) Sin embargo, la CIDH reitera que el Secretario Ejecutivo es un funcionario de su confianza.

Sobre esto, el secretario general asegura que "la presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la Organización. No mientras sea Secretario General. Es completamente falta de ética y repudiable pretender generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuentas funcional individual de uno o más funcionarios y lo que constituye la autonomía de la CIDH", cuestiona al tiempo que abre la puerta a retomar el diálogo que -afirma- fue interrumpido "unilateralmente" por la CIDH este lunes.