ONU: El desarme de parapolicías continúa siendo una cuestión relevante y pendiente

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) emitió este sábado un informe, en el que dedica un capítulo al derecho a la vida en Nicaragua, y en el que expuso los asesinatos contra las mujeres, opositores e indígenas del país.

La oficina que preside la expresidenta chilena Michelle Bachelet recuerda el asesinato del opositor Jorge Rugama Rizo, el 19 de julio a manos de Abner Onell Pineda Castellón, simpatizante del régimen de Daniel Ortega. Lo mató con una certera bala en el cuello por haber gritado “Viva Nicaragua Libre”.

“Este incidente ejemplifica que la recomendación formulada por la Alta Comisionada en su informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales continúa siendo una cuestión relevante y pendiente”, reza el informe correspondiente a junio y julio. 

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Agrega que al día siguiente, durante el funeral de la víctima, la casa de uno de sus parientes, situada en el mismo barrio, fue presuntamente incendiada por personas no identificadas, en un hecho en el que hay complicidad de las autoridades policiales al permitir que simpatizantes de la dictadura maten y siembre el terror a nivel nacional. 

Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expresó que con ese tercer grupo armado de facto, que nació en abril de 2018, no hay respeto al derecho a la vida, ante eso, demanda con urgencia el desarme. “El hecho de que se incluya en el informe reafirma la gravedad que se vive en Nicaragua”, comenta.

“Que se siga señalando esa demanda de desarmar a los paramilitares es una realidad, son estructuras creadas para reprimir e imponer el terror en Nicaragua, y operan con la complicidad de las fuerzas armadas.  Se constituyó como una tercera fuerza armada y responde a una lógica de sostener el poder”, dice. 

Carrión, que se encuentra exiliado en Costa Rica, menciona que los grupos parapoliciales están autorizados para decidir por la vida de los nicaragüenses, y sus acciones tiene garantía de impunidad, es decir que no les pasará nada. “Con pistola de cualquier manera privan de la vida de las personas por el solo hecho de ser opositores”, denuncia.

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De cara a un año electoral, y con una extrema polarización política, insiste en que el Ejército cumpla con su misión constitucional de desarmar a estos grupos leales a Ortega, como garantía de libertad. “Si eso no ocurre pondrán imponer el terror en un año electoral”, concluyó.

La Oacnudh mencionó que monitorea las denuncias de violencia contra las mujeres las cuales han aumentado durante la pandemia de coronavirus. Según las organizaciones de la sociedad civil, desde principios de 2020 se han cometido 42 feminicidios y se han documentado 55 tentativas, en comparación con los 40 feminicidios cometidos y las 39 tentativas documentadas durante el mismo período en 2019.

También se refirió a los asesinatos de miembros de los pueblo indígenas, que sufren amenazas en su territorios, sin que las instituciones públicas pongan en práctica medidas de protección especiales. “La Oacnudh fue informada que el 10 de julio un indígena Mayangna fue asesinado y que otro hombre resultó herido por un disparo de arma de fuego en el territorio de Sauni Bu Amak, dentro de la Reserva de la Biosfera Bosawás”, reseñó.

La falta de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue alentando la repetición de esos actos, dijo la oficina de la expresidenta Bachelet. Además continuó observando restricciones al espacio cívico y democrático en Nicaragua, exacerbada por la crisis sanitaria causada por la Covid-19, en la que las libertades de opinión, expresión y asociación siguieron siendo particularmente afectadas

Por otro lado, durante junio y julio, Oacnudh siguió documentando la persistencia de ataques, amenazas,detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras al Gobierno,incluida la Iglesia Católica. “La pandemia también ha seguido restringiendo los derechos a la libertad de opinión y de expresión”.