Covid-19, otra forma de tortura a presos políticos: organismo suizo denuncia al régimen ante la ONU

Los presos políticos del régimen de Daniel Ortega que presentan síntomas de Covid-19 son aislados junto a reos con tuberculosis y otras afectaciones crónicas. La situación se agrava por el hacinamiento, la precaria atención médica y la falta de condiciones higiénicas como de agua potable. “Los presos políticos fueron expuestos al contagio desde el inicio de la pandemia de una manera deliberada”, confirma una denuncia interpuesta este lunes por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) ante los procedimientos especiales de la ONU.  

La denuncia se refiere a 30 de los 90 casos de presos políticos registrados en Nicaragua hasta la fecha, los cuales han presentado síntomas de COVID-19 desde el mes de abril, además de otros problemas de salud latentes, “en muchos casos debido a -o agravados por- actos de tortura y otros tratos crueles sufridos en el momento de su captura o durante su detención”.   

Dos de los detenidos, originarios del norte del país, aún tienen balas alojadas en el cuerpo sin que hayan recibido la atención médica adecuada. 

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Los 30 casos considerados se encuentran distribuidos en cuatro centros penales: Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”; Sistema Penitenciario Regional de Matagalpa; Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” y Sistema Penitenciario Regional de Granada. 

Otros seis padecen de fracturas no atendidas y otros padecimientos como consecuencia de esas golpizas, detalla el documento presentado ante la ONU. Los casos más graves y emblemáticos son los detenidos Jaime Navarrete, Edward Lacayo y Manuel Sobalvarro, encarcelados en el pabellón de máxima seguridad. 

“En el caso particular de los pabellones de máxima seguridad donde se encuentran presos políticos, las celdas están hacinadas con más de veinte personas cuando su capacidad es para ocho, cuentan con un hoyo que sirve de inodoro y de espacio para aseo personal”, detalla la denuncia a la ONU.

Las condiciones de insalubridad de estas instalaciones provocan que los presos se enfermen constantemente. Todo esto para indicar que los presos políticos comparten celdas de máxima seguridad con presos condenados por delitos comunes. 

SIN MEDICINAS NI PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

En las unidades de atención médica de estos centros de detención, según RIDH, no hay medicamento ni condiciones para hacer diagnósticos más exhaustivos sobre cualquier patología presentada.  

Aun cuando la familia de los detenidos estuviera dispuesta a proporcionar los medicamentos estos son decomisados o no son entregados. Se han dado casos también donde el juez ha ordenado por el grave estado de salud, trasladar al detenido a los hospitales y las autoridades del sistema penitenciario se han negado.  

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En casos donde sí han sido llevados al hospital, no se lo comunican a la familia como fue el caso de Uriel Pérez antes mencionado. “La atención médica sigue siendo urgente para muchos detenidos como Walter Montengro, Luis Enrique Meza Lagos, Jaime Navarrete, Edward Lacayo, Wilber Prado y Jhon Cerna”, explican. 

Otras de las violaciones a los derechos humanos de los detenidos que se evidencian son: la negación a participar en actividades religiosas, deportivas, culturales, educativas y laborales; derechos contenidos en la legislación nicaragüense que el Estado no respeta. 

“Frente a las quejas de los familiares, los responsables de los centros de detenciones realizaron supuestas limpiezas de las celdas sin seguir ningún tipo de protocolo y sometiendo a los presos a tratos degradantes”, señalan.  

LAS PETICIONES A LA ONU 

Mediante la denuncia, la RIDH solicitó a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hacer un llamado urgente al Gobierno de Nicaragua a tomar medidas que pongan fin a esta situación sistemática de violaciones de derechos humanos contra los presos políticos. 

Esta denuncia incluye una petición de libertad de todos los presos políticos que se han manifestado en contra del régimen.  

Además, se insta a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos solicitar al Gobierno una invitación oficial para que puedan visitar el país. 

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La denuncia fue dirigida al Grupo de trabajo de detención arbitraria; al Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; al Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la Relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; al Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. 

“La falta de medidas tomadas por el Estado en el contexto del Covid-19 hacia los presos políticos en su custodia, es grave y vulnera principalmente sus derechos a la vida y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, concluye.