El régimen estigmatizó a la prensa por la cobertura de la crisis sanitaria
El organismo The Dialogue identifica tres tendencias preocupantes que amenazan la libertad de expresión América: mayor presión a los medios de comunicación, límites al acceso a la información y campañas de desinformación.


- septiembre 02, 2020
- 06:08 AM
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Nicaragua, junto con Estados Unidos y Guatemala, es uno de los países del continente americano en el que el gobierno ha estigmatizado a la prensa por la cobertura de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.
Un informe elaborado por el centro de estudios The Dialogue, con sede en Washington, denuncia que dictador Daniel Ortega "acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el ocultamiento de las cifras de Covid-19 por parte del gobierno", caracterizando esos reportes como “terrorismo desinformativo”.
La prensa independiente desde el inicio de la emergencia demandó a la dictadura transparentar la información sobre los contagios y muertes, sin embargo Ortega politizó y minimizó la emergencia sanitaria, ocultando cualquier información al respecto.
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Guillermo Medrano, coordinador del área de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), comparte la conclusión del organismo de Washington, pues considera que el régimen atacó a los periodistas por darle voz a médicos independientes que paralelo al Ministerio de Salud (Minsa) realizaban un conteo de los contagios.
“Por difundir el reporte del Observatorio Ciudadano Covid-19, el Gobierno te acusa de que estás difundiendo noticias falsas. Mientras la prensa independiente no se ajuste a los datos del Minsa se atacará, y es una estrategia para restar credibilidad a los medios independientes”, señaló el experto.
The Dialogue ha denunciado que la pandemia ha servido de excusa para que algunos gobiernos del continente americano cercenen la libertad de expresión.
"Bajo la excusa de la respuesta a la Covid-19, algunos gobiernos en las Américas han dado pasos para criminalizar la libertad de expresión, restringir el acceso a información pública o difundir desinformación relacionada con la pandemia", señaló el informe “Covid-19 y la libertad de expresión en las Américas”.
El organismo identifica tres “tendencias preocupantes” que amenazan la libertad de expresión en el continente: una mayor presión a periodistas y medios de comunicación, límites al acceso a la información y campañas de desinformación online, “en algunos casos promulgadas por funcionarios públicos”.
El documento precisa que el presidente estadounidense Donald Trump atacó a los medios a fines de marzo durante una conferencia de prensa, llamándolos deshonestos por su cobertura de su manejo de la crisis y declarando que los periodistas «verdaderamente dañan a nuestro país»”, reza el informe de 32 páginas, que reseña, además, que el mandatario se encaró con ocho periodistas entre el 16 de marzo y el 15 de mayo.
En Guatemala, el centro de estudios destaca las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei, del 21 de marzo, en que aseguró: “Desearía poner a la prensa en cuarentena, pero no puedo”.
Asimismo, el informe denuncia que algunas administraciones han limitado el acceso a la información relacionada con el impacto de la pandemia, lo que supone una violación "activa y pasiva" de sus obligaciones.
“Esto incluye su deber de informar de manera activa sobre el impacto de la pandemia, el gasto en emergencias, y el priorizar solicitudes de información relacionadas con la crisis de sanidad pública", destacaba el comunicado, que también hace referencia a las "restricciones arbitrarias” sufridas por algunos periodistas.
CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN
Por último, la institución aborda las campañas de desinformación orquestadas, en algunos casos, por los propios “funcionarios públicos”. En este sentido, resalta el caso del presidente Trump.
“En los Estados Unidos, el presidente Trump ha promovido tratamientos falsos para la Covid-19, y sugerido que los desinfectantes y la luz ultravioleta pueden ser posibles curas. También ha repetido en numerosas ocasiones que la hidroxicloroquina podía ser usada para tratar la COVID-19, a pesar de que ha sido desmentido por la evidencia científica”.
Además de este caso, The Dialogue llama la atención sobre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien acusa de criticar las medidas de distanciamiento y de fomentar, al igual que su homólogo estadounidense, el uso de la hidroxicloroquina.
En el caso de Nicaragua, el informe critica que el Gobierno impulsó "campañas de desinformación para minimizar la amenaza" de la pandemia y cita específicamente la organización de eventos masivos como el desfile “Amor en Tiempos de Covid-19”.
Mención aparte merece el caso de Venezuela, donde el presidente en disputa, Nicolás Maduro, "inicialmente declaró que la Covid-19 fue creada como arma biológica contra China" y tuiteó "una receta para un té de jengibre con limón por sus supuestos beneficios" contra el nuevo coronavirus.
“Como señalamos, los gobiernos tienen tanto el interés legítimo como la responsabilidad de desmentir información errónea relativa a la pandemia a fin de equipar a los ciudadanos con la información que necesitan para proteger su salud y la de sus comunidades. Sin embargo, esas medidas deben ser compatibles con el respeto a la libertad de expresión”, zanja el informe.
AUMENTAN ATAQUES A LA LIBERTAD DE PRENSA
Un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) reveló que en julio hubo en promedio una violación a la libertad de prensa al día.
El asedio policial se ha convertido en el método más coercitivo para amenazar e intimidar a periodistas y medios de comunicación independientes.
“Un dato preocupante que vale la pena resaltar es que durante el mes de julio se documentaron 16 casos de agresiones y ataques de este tipo, la misma cifra que se había registrado en el trimestre abril- junio 2020; lo que grafica un aumento alarmante hasta en un 200%”, explica Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Medrano alertó que en Nicaragua se ha entrado a otra fase represiva, es decir se pasó de la amenaza a la judicialización:
“Ya estamos en otra etapa, sino te puedo callar a través de la amenaza y estigmatización, entonces, viene la ley, y en el país no existe un poder judicial independiente”.
Con información de la Voz de América.