Empresarios bajo terrorismo fiscal de Ortega: "Pago o cárcel", denuncia Juan Sebastián Chamorro

Juan Sebastián Chamorro denuncia terrorismo fiscal contra empresarios en Nicaragua. Alerta sobre imposición de cobros, reparos y multas millonarias bajo la advertencia: "si no pagan, cárcel".

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  • septiembre 03, 2020
  • 04:18 AM

Desde hace meses, la administración de Daniel Ortega somete a terrorismo fiscal a los empresarios nicaragüenses, denunció Juan Sebastián Chamorro, ahora que la práctica represiva alcanzó a su esposa, suegra y cuñada, contra quienes existe orden de captura por el delito de defraudación en perjuicio de la Alcaldía de Managua.

Según el directivo de la opositora Alianza Cívica, la acusación que pesa sobre sus familiares no es un hecho aislado, sino parte de una forma de presión que tiene como objetivo de captar recursos por medio de la presión ilegal: "si no pagan, cárcel".

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Es un atropello contra el empresariado que, de acuerdo con Chamorro- viene ejerciendo el orteguismo como parte de su voracidad recaudatoria, pero que no es denunciado por temor a represalias.

"Desde hace meses, el régimen en su afán por conseguir recursos económicos se ha dedicado a presionar a empresarios y empresarias del país con abusivos cobros, reparos y multas", afirmó Chamorro.

ORDEN DE PRISIÓN CONTRA ESPOSA, SUEGRA Y CUÑADA DE CHAMORRO

Desde el 21 de agosto, la titular del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, Imara Isabel Castro Martínez, ordenó captura contra Victoria Cárdenas Lacayo, esposa del directivo de la Alianza Cívica; su hermana Gabriela y la señora Victoria Lacayo, madre de ambas. A ellas se les requiere por una supuesta defraudación fiscal de 9.47 millones de córdobas.

"Mi familia no se va a dejar intimidar por funcionarios y abogados que amenazan con cárcel a los empresarios de este país (...) declaramos que no vamos aceptar intimidaciones. Cada quien es dueño de su miedo, y en este caso no tenemos miedo, por estar con la verdad de nuestro lado", manifestó Chamorro a través de un pronunciamiento en el que sostiene que detrás de lo que denomina como terrorismo fiscal está una red de abogados "supuestamente privados" aliados con funcionarios de la comuna.

EL CASO

La Alcaldía de Managua acusó a las tres propietarias de la Inmobiliaria Intermezzo del Bosque de evadir obligaciones. Mediante una auditoria, la Dirección de Recaudación determinó que entre 2017 y 2019 las ganancias del negocio ascendieron a 325 millones de córdobas y calculó como deuda 9 millones 478 mil córdobas.

"¿En la mente de quién cabe que una empresaria pudo haber tenido ingresos equivalentes de 10 millones de dólares?", cuestionó Juan Sebastián Chamorro pues sostiene que la inmobiliara posee las solvencias fiscales de la misma Alcaldía en los últimos años; la última correspondiente al 31 de diciembre del 2019.

En su escrito, Chamorro expone que tras la sentencia de deuda comenzó la intimidación. El 9 de julio a través del despacho jurídico Rojas y Ramírez, en una carta suscrita por Ricardo Humberto Ramírez McNally, "mi suegra, cuñada y esposa fueron advertidas y amenazadas con cárcel si no pagaban la exorbitante suma".

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Chamorro cuestiona esta actuación, tratándose de un abogado "sin atribuciones y además incurriendo en calumnia, al imputar defraudación fiscal al acusar ilegalmente en un Juzgado Penal".

Agrega que como afectados, tras la "abusiva" acusación formal, presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, menciona tener claro que las probabilidades de que se suspenda el acto son muy bajas.

INSTA A DENUNCIAR

Juan Sebastián Chamorro manifestó su decisión de no someterse a las presión, y llamó a denunciar a los demás empresarios que han resultado afectados por prácticas intimidatorias, para que "el mundo sepa de este tipo de represión fiscal por parte de la dictadura de Ortega".

El opositor subrayó que estas acciones que atentan contra la libre empresa ahuyentan la inversión e impide la generación de empleos, lo cual considera grave tomando en cuenta la situación crítica que atraviesa la economía del país desde abril de 2018 y que se ha agudizado con la pandemia de coronavirus.

Según Chamorro, algunos empresarios ya han terminado presos "por supuestas deudas con el Estado", y hay decenas de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero.

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