Michael Healy no descarta paro nacional para presionar a Ortega

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) Michael Healy, afirmó que los empresarios están preocupados por las últimas legislaciones que ha impulsado el régimen de Daniel Ortega, principalmente la ley de regulación de agentes extranjeros con la que pretende controlar los fondos que reciben oenegés, empresas, medios de comunicación por parte del organismos internacionales de cooperación.

“Nos asustó a todos, Cuba es el único país en el mundo que tiene este tipo de ley. Nos preocupa que estamos regresando a la década de los 80”, aseguró Healy ayer durante una conferencia de prensa virtual. A su criterio, la iniciativa viola los derechos a la educación, vivienda, información, humanos y políticos.

El Cosep analiza qué pueden hacer para frenar dicha ley. “Es una ley totalitaria y confiscatoria, que puede crear un caos gigantesco en este país”, manifestó el empresario. Desde la gremial estudian acciones, las que estén al alcance, para frenar la aprobación. Al ser consultado si contemplan un paro nacional, el empresario respondió: "Todas las opciones están sobre la mesa".

La iniciativa pretende “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua” y que “pone en riesgo la seguridad del Estado”, pero en realidad es un mecanismo represivo financiero copiado de Cuba con el que busca silenciar a las organizaciones y ciudadanos. 

“Al Gobierno, si quiere resolver el problema de Nicaragua y quiere que venga inversión extranjera tenemos que parar este tipo de leyes”, expresó Healy, a la vez señaló que los organismos multilaterales tienen detenido la cooperación hacia Nicaragua y dicha ley no ayudará a que vuelvan esos recursos. Esta legislación podría sumarse a los problemas que ha provocado a reforma fiscal de 2019.

Por su parte, José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, afirmó que dicha ley va a afectar el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos porque en Nicaragua muchas cosas se hacen con recursos extranjeros.

A su criterio, la ley se hace para restringir o limitar la influencia que tengan las organizaciones de la sociedad civil. “Ellos se preparan para un proceso electoral y quieren tener a todo mundo sin la capacidad de desarrollar nada”, aseguró.  

Además instó a todos los nicaragüenses a luchar en contra de esa ley porque va a restringir la capacidad de movilización de las organizaciones de la sociedad civil.

“Quieren cercenar la boca en el sentido de no tener financiamiento de como movilizarnos, porque al cualquiera que reciba una donación dirán que es para cometer crímenes”.

ACOSO FISCAL CONTINÚA

El dirigente gremial mencionó que el acoso fiscal continua por parte de instituciones como la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Alcaldía de Managua. “A veces, duplican, triplican o cuadruplican el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Lo que va a terminar pasando es que las empresas, tantas internaciones y nacionales, van a cerrar o se van a ir del país, lo que va a aumentar el desempleo”, advirtió.

El empresario afirmó que en los últimos dos años y medio se han perdido más de 550,000 empleos.