Jóvenes vuelven a las calles en rechazo a “leyes mordaza” de Ortega

Un grupo de jóvenes de la Alianza Universitaria Nicaragua (AUN) se manifestó este miércoles en Managua en rechazo a las iniciativas de Ley de Ciberdelitos y Ley de Agentes Extranjeros, conocidas como “leyes mordaza”.  

La protesta se realizó en el estacionamiento del Centro Pellas en Managua. “No a la mordaza”, “no a la censura” y “fuera Ortega”, gritaban los jóvenes.  

La Policía Orteguista desplegó un fuerte operativo en la zona para evitar que los jóvenes se desplazaran sobre la Carretera a Masaya. Decenas de antimotines bloquearon los ingresos y salidas del Centro Pellas para bloquear la protesta. Sin embargo, desde adentro, los jóvenes se pronunciaron.  

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“El régimen pretende censurar la libertad de expresión aún más. Los jóvenes estamos convencidos que hay que luchar, que no hay que callarse frente a la arbitrariedad. No al paquete de leyes que está promoviendo Ortega”, expresó Max Jeréz, de AUN, y delegado estudiantil en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.  

LOS ALCALCES DE LAS LEYES 

La “Ley de Ciberdelitos” castigaría con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”. Además, se contempla cárcel para todo aquel que difunda, lo que, a criterio del régimen, sea considerada una “noticia falsa”.    

Con la “Ley de Agentes Extranjeros” el régimen podrá confiscar y congelar cuentas bancarias de organismos, personas naturales y medios de comunicación.  Además, impediría que las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento extranjero participen en la vida política, porque será considerado “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos”.  

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La Ley de Ciberdelitos se encuentra en etapa de “consulta” dentro de la Asamblea Nacional. La Iglesia, la oposición, expertos independientes, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional se ha pronunciado en rechazo a estas leyes, pero el régimen realiza su proceso de “consultas” únicamente con las instituciones bajo su control.