Asamblea General de la OEA: ¿Una última oportunidad para Ortega?

La grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 se ha convertido en uno de los principales focos de discusión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sin que logre conducir al régimen de Daniel Ortega a una salida pacífica. Mañana, los cancilleres de América se reunirán en Washington D.C. para participar en la cincuentava Asamblea General del organismo y es altamente probable que surja una resolución que se convierta en una advertencia para Ortega de que si no cumple con los llamados expulsará a Nicaragua, a mediados de 2021.

Hasta ahora, Ortega ha ignorado las resoluciones aprobadas por los cancilleres del continente en las últimas tres asambleas ordinarias, incluso las del Consejo Permanente. Para mañana se espera que se someta a aprobación un documento en el que se inste al régimen a la restitución democrática, el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres y transparentes. También llaman a Ortega a que solicite a la Secretaría General de la OEA  apoyo para negociaciones inclusivas y oportunas entre el Gobierno y la oposición.

Daniel Ortega ha incumplido con los acuerdos que ha firmado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la misma Secretaría General de la OEA.

Para José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, esta sería la última oportunidad que tiene Ortega para mostrar voluntad de resolver la crisis que vive el país, de lo contrario prevé una expulsión del país entre antes o después de las elecciones del próximo año. 

Ya la Secretaría General, que dirige Luis Almagro, participó como “acompañante” en una primera negociación que sostuvo el régimen con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en febrero de 2019. El año pasado, Luis Ángel Rosadilla, por la OEA, y el nuncio Waldemar Stanisław Sommertag, por el Vaticano, asistieron a una firma de acuerdos que Ortega no cumplió. Pero antes de la crisis, en febrero de 2017, Ortega y la Secretaría General de la OEA firmaron un memorándum de entendimiento en el que se comprometió que en un plazo de tres años impulsaría reformas electorales. El acuerdo venció en 2019 sin que Ortega cumpliera y mostrara voluntad para renovarlo.

Tres meses después que Ortega decidió finalizar las negociaciones con la Alianza en 2019, la Asamblea General de la OEA, reunida en Medellín, Colombia, aprobó una resolución en la que pidió al Gobierno de Ortega retomarlas y permitir el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos. Además, exigió la creación de un grupo de trabajo para realizar "gestiones diplomáticas al más alto nivel y procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis" y posteriormente presentar un informe de su trabajo en 75 días. 

El 19 de noviembre, el grupo de trabajo presentó dicho informe al Consejo Permanente de la OEA en el que concluyó que en Nicaragua hubo una “alteración del orden constitucional que deteriora seriamente el orden democrático” y recomendó reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes. 

“Estamos llegando al final de este recorrido. Habrá una resolución en la que pedirán el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respeto a derechos fundamentales y reformas electorales, esto es probable que se calendarice. De no haber una respuesta positiva del Gobierno se agravaría la situación y cambiaría radicalmente el escenario político”, considera el analista Bosco Matamoros.

Mientras tanto, Pallais, que fue vicecanciller de Nicaragua en la década de 1990, reitera que Ortega tendrá una última oportunidad: “Aquí se va a hacer un último esfuerzo para que Ortega acate las recomendaciones de la OEA. Habrá un plazo perentorio, si no acatan estas últimas recomendaciones se abre la posibilidad de desconocerlo”. El plazo que pondrá la OEA es mayo de 2021, según adelantaron políticos. 

El secretario general Luis Almagro ya ha advertido a Ortega de lo que podría enfrentar. El pasado 13 de octubre, durante un foro virtual sobre las elecciones en Nicaragua, que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos, mandó un mensaje al régimen de que si no realiza elecciones justas y transparentes en 2021 su régimen podría ser declarado “ilegítimo”.

“No quisiera convertirse en un Maduro, quien carga con la ilegitimidad por todo el hemisferio. No le gustaría considerarse, como, ser un gobierno alternativo, como en el caso de Venezuela. No le gustaría eso. No le gustan las sanciones. No le gustan estas sanciones cuando caen cerca de él, de su propia familia, de sus familiares. (…) Si se quiere de un mínimo de legitimidad, solo puede ser por medio de elecciones justas”, dijo Almagro.

DESCONOCIMIENTO HASTA 2021

La Coalición Nacional y la Unidad Nacional Azul y Blanco han pedido a la OEA que declare ilegítimo al Gobierno de Ortega en esta Asamblea General, sin embargo eso es difícil que ocurra porque no hay condiciones políticas, según analistas consultados por DESPACHO 505. El antecedente más reciente es el caso de Venezuela, cuyo gobierno de Nicolás Maduro fue declarado ilegítimo el 19 de enero de 2019, tras la celebración de elecciones fraudulentas en mayo de 2018.

Es a ese espejo en el que se debe ver Ortega si llega a 2021 sin procurar reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes. “No miro que en esta sesión ocurra una expulsión, es asombroso lo que andan haciendo algunos nicaragüenses pidiendo el desconocimiento del Gobierno de Ortega, y declaración de ilegitimidad, no hay condiciones políticas, no quiere decir que moralmente no lo esté”, cuestiona el exembajador en Washington, Bosco Matamoros. 

“A Maduro se le desconoció después de un inmenso fraude electoral, es el modelo que aplicará en Nicaragua. Los que piden la declaración de ilegitimidad les digo que solo puede darse en una reunión extraordinaria, y esta es una reunión ordinaria. Además, el informe presentado en noviembre pasado, estableció que el régimen había roto el orden constitucional, y eso equivale a la declaración de ilegitimidad”, valora Pallais. 

El artículo 21 de la Carta Democrática dice que la OEA puede tomar “la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”.

La OEA apostará en esta Asamblea General por seguir actuando bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, es decir que los embajadores continuarán realizando gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Nicaragua. En la práctica, Nicaragua ya está en el proceso de castigo por parte de la OEA.

Por eso, si Ortega llega a mayo de 2021 sin escuchar al organismo hemisférico, en otra palabras si esas gestiones diplomáticas realizadas bajo del artículo 20 no producen resultados adecuados, se aplicará el artículo 21 de la Carta, el cual dice que la OEA puede tomar “la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”.

“Esto tendría efectos devastadores sobre la capacidad del régimen para sobrevivir políticamente”, dice Matamoros. Una vez se venza el plazo, falta que los países que apoyan una suspensión logren los 18 votos necesarios. Hasta ahora, un grupo de naciones del Caribe, que se beneficiaron de la diplomacia petrolera de Venezuela, siguen apoyando a Nicaragua. 

Pero, el peso de Washington es clave y determinante.