Ley mordaza empujará al exilio a más periodistas nicaragüenses, advierte PCIN

La aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos en la Asamblea Nacional pone en la mira del régimen el ejercicio de la labor informativa en Nicaragua, siendo las voces críticas las más vulnerables a enfrentar cárcel, advirtió el gremio de periodistas independientes.

La norma a la que la prensa local nombra como Ley Modarza, y que quedó firme este martes en el Parlamento nacional, provocaría que más periodistas nicaragüenses sean empujados al exilio porque abre la puerta para que sean acusados por la vía penal, advirtieron miembros de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

La ley establece condena de hasta seis años de prisión a cualquier persona que por medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”. La clasificación de qué información podría ser categorizada como delito queda a discreción y es lo que convierte la nueva ley en un instrumento peligroso para el ejercer el derecho a informar y a expresarse libremente, reconocido constitucionalmente, pero reprimido por el orteguismo.

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Cristopher Mendoza, representante del PCIN, dijo que el número de comunicadores a exiliarse podría aumentar en los próximas semanas por el temor de ser enjuiciado por ejercer la labor periodística en Nicaragua.

“Puede crecer el número de periodistas que abandonen el país con tal de continuar haciendo el trabajo de un periodismo que sirva a la ciudadanía nicaragüense para informarse y hacer criterio, para generar opinión”, apuntó Mendoza.

LEY PARA ACALLAR AL PERIODISMO

El artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos establece que “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique y difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor y zozobra en la población o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa”.

Mendoza sostiene que “siempre está ese temor de parte del gremio de que la cárcel sea una de las situaciones que le toque atravesar, sin embargo, hay conciencia y hay mucha valentía en el periodismo nacional que nos ha vuelto a decir que van a seguir su trabajo, apeado a la ética”.

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, instancia que dictaminó la “Ley Mordaza”, Auxiliadora Martínez dejó claro que la Ley será aplicada a los comunicadores que difamen o difundan noticias falsas.

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“No podes hacer uso de un medio tan importante como es la tecnología para difamar a una persona o para difundir noticias falsa”, dijo la legisladora sandinista.

ASEDIO Y PERSECUCIÓN

Desde abril del 2018, el régimen de Daniel Ortega ha considerado las publicaciones y denuncias sobre los abusos cometidos por las instituciones del Estado que publican los medios de comunicación independientes, como noticias falsas.

Incluso, el Poder Judicial, manejado por Ortega, condenó por los delitos de calumnia a la periodista Kalúa Salazar de radio La Costeñísima, por una publicación en el mes de agosto sobre actos de corrupción en la alcaldía de El Rama.

La SIP en su informe 2020 reportó un progresivo deterioro a la libertad de prensa en Nicaragua, expresado a través de juicios contra periodistas, embargos de medios de comunicación, imposición de leyes, así como ataques, amenazas y persecución para limitar el ejercicio periodístico. En el documento divulgado la semana pasada, alertó “que los procesos judiciales son el un nuevo método para reprimir” a los periodistas y a la prensa, y que Ortega está promoviendo tres leyes que afectan la libertad de prensa, incluida la sobre ciberdelitos que finalmente fue impuesta.

Los comunicadores aseguraron que continuarán realizando su trabajo, pese al constante asedio y ataques del régimen orteguista.