Ortega retó a la comunidad internacional al aprobar tridente de leyes represivas

Los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional aprobaron este martes la última ley de tres que se convertirán en instrumentos represivos contra ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación que critican al dictador Daniel Ortega. En un actitud de intransigencia, el régimen, en un mes, dio luz verde a la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y a la reforma a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua; a pesar de que Estados Unidos y la Unión Europea le surgieron desistir al considerar que el autoritarismo se estaba acelerando.

“Ortega está como renegado”, dice el jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional. Pallais cree que Ortega está calculando que la comunidad internacional se cansará, y terminará sin fuerza y sin la incidencia suficiente para aplicarle más sanciones. “Eso no va a ocurrir, habrá consecuencias internacionales”, agrega el político nicaragüense. 

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El experto hace hincapié en que la comunidad internacional sabe que el régimen de Daniel Ortega cuenta con capacidad militar y policial en el país, y ahora se le suman tres leyes que fortalecen la capacidad del Poder Judicial con el que podrá juzgar a cualquier ciudadano que disienta. 

“Ortega está equivocado, ha aprobado de todo, este año va al extremo de utilizar estos medios porque no ha podido aplacar a los que le oponen”, comenta.

REFORMA SIN CONSULTA AMPLIA

Para el constitucionalista Gabriel Álvarez, la reforma a la Constitución que aprobó este martes el Parlamento para instaurar en Nicaragua la cadena perpetua, cumplió con los procedimientos jurídicos establecidos en la Carta Magna, pero mostró su preocupación por el contenido.

“Lo más peligroso de esta reforma y de la posterior ley que la desarrolle, serían los jueces y tribunales que la vayan a aplicar. Ya sabemos que son jueces y tribunales que desafortunadamente obedecen más a criterios políticos partidarios que a criterios legales”, explicó el jurista.

Álvarez planteó que la reforma antes de ser aprobada en primera legislatura por los diputados debió haberse sometido “como mínimo a una verdadera consulta amplia, plural, democrática y no a hacer esos procedimientos pseudoconsulta”. El proceso de consulta se realizó entre las instituciones estatales negando el derecho a la ciudadanía a exponer sus consideraciones sobre el tema.

En la misma Constitución de la República, agrega, existen artículos que podrían impedir la aplicación de la cadena perpetua, como por ejemplo el que incorpora el concepto de la reinserción social del reo. Otro es la prohibición de las penas y tratos crueles que podrían entrar en pugna con una pena de prisión de por vida. 

“Pero además se puede dar el caso que la Corte Suprema de Justicia impugne la reforma parcial a la Constitución, tal y como con lo hizo con la que prohibía la reelección (presidencial) sucesiva por más de dos periodos. Esta reforma que fue aprobada este martes necesita ser ratificada en una segunda legislatura, la cual inicia en enero del 2021”, dice.

Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh), rechazó la reforma a la Constitución porque considera que se trata de otro mecanismo para amedrentar a los ciudadanos. La calificó como “una aberración total”. Para la defensora, antes de aplicar la reforma se debe hacer cambios al Código Penal y crear nuevos delitos ya que en este no están tipificados los crímenes de odio.

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Mientras tanto, Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que la pena de cadena perpetua roza con los derechos humanos. “Este tipo de condena está en desuso, además no garantiza justicia para las víctimas”. “Esta reforma estaría dirigida a perseguir a las voces críticas, y por otro lado, el país no tiene la capacidad para mantener a los reclusos con penas perpetua”, aseveró.

La defensora dice que el país no necesita pena de cadena perpetua en la Constitución ni en el sistema penal, al contrario urge educación, campañas de prevención de violencia sensibilización y un sistema de justicia independiente y eficaz.