Asamblea amplía, una vez más, el plazo a Comisión de la Verdad

La Asamblea Nacional amplió por tres meses más la vigencia de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, una instancia creada por Gustavo Porras y conformada por personalidades afines al régimen de Daniel Ortega, supuestamente para investigar las denuncias de crímenes y violencia registrados en Nicaragua a partir de abril de 2018, pero que no ha ofrecido resultado alguno.

La Comisión de la Verdad fue creada el 6 de mayo de 2018 por orden de Daniel Ortega, como una muestra de "buena fe" para que se abrieran procesos que permitieran identificar a los responsables de al menos 328 asesinatos y violaciones a los derechos ocurridos en el país. Sin embargo, desde su concepción fue objeto de críticas por su falta de imparcialidad, ya que sus miembros son figuras afines al régimen.

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Esta Comisión estaba integrada por el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Jaime López; el economista Cairo Amador; el sacerdote Uriel Molina; el fallecido subprocurador de derechos humanos Adolfo Ortel Jarquín; y Myrna Cunningham.

COMISIÓN INOPERANTE

El nuevo plazo de la Comisión de la Verdad inicia a partir de este 6 de noviembre, decisión adoptada por al Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a través de la resolución 14-2020, supuestamente para "continuar realizando su labor".

Hasta ahora, la estructura no ha presentado ningún informe conclusivo sobre la represión que de acuerdo a organismos internacionales fue dirigida desde El Carmen y ejecutada por la Policía y civiles armados afines al orteguismo. Además de las 328 muertes, los defensores de derechos humanos denuncian decenas de desaparecidos, más de 800 presos políticos, miles de personas obligadas al exilio y una escalada sistemática de violaciones a los derechos humanos.

Desde su conformación, la Comisión de la Verdad ha estado enfocada en sustentar la teoría del fallido golpe de Estado del cual Ortega se declara víctima. Además, ha criminalizado a las víctimas de la represión y llegado a señalar a organismos defensores de derechos humanos de ser parte de un complot político financiado desde el exterior.

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Grupos opositores del régimen han cuestionado la operatividad de esta Comisión, a la que califican como comisión de la mentira, porque en lugar de investigar los hechos ocurridos a partir del 2018, se han encargado de justificar las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.