CIDH: los CPC vigilan a ciudadanos y la Policía ejecuta capturas, así ha sumado Ortega 1,614 presos políticos para “negociar”

A casi tres años del inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega mantiene una vigilancia activa en las ciudades, barrios y municipios del país para seguir sumando nuevos presos políticos, concluye un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las detenciones, consideradas arbitrarias por el organismo internacional, suman al menos 1,614 desde abril de 2018.  

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH para la elaboración del informe "Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018", al 31 de mayo de este año al menos 80 personas continuarían detenidas. 

La cantidad de presos políticos "representaría una fracción de un universo mayor, difícil de proyectar debido a la ausencia de información oficial y otros factores relacionados con la dinámica de las detenciones arbitrarias". 

TRABAJO COORDINADO ENTRE CPC, CLS, JS, POLICÍAS Y PARAMILITARES 

En estos años de crisis y de permanente oposición al régimen, las detenciones han sido realizadas bajo diferentes modalidades: de forma masiva, selectiva y múltiple. “En la mayoría de los casos, la principal intención de la privación de libertad ha consistido en reprimir una postura de oposición al actual régimen nicaragüense”. 

Las detenciones son ejecutadas mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, tanto por parte de la Policía como por los grupos paramilitares a través de amenazas, golpes con los puños, con los pies y con las armas, incluso disparos de armas contra las personas, indistintamente si estaban participando de las protestas. 

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Pero en las detenciones de opositores hay otras estructuras que siguen siendo utilizadas como aparatos de vigilancia y control territorial que reportan a los opositores para que, posteriormente, las fuerzas del estado ejecuten violentos allanamientos y detenciones.  

La CIDH ha observado que la estructura represiva del Estado también ha estado conformada por los aparatos de vigilancia y control social y político organizados territorialmente a través de los Gabinetes de Familia, anteriormente Consejos de Poder Ciudadano (CPC), así como los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS).  

Los CPC son estructuras ramificadas a nivel nacional y establecidas en los barrios, que combinan instituciones formales con instancias de poder político local, lo que permite un importante grado de control territorial y poblacional.  

Durante la crisis, la CIDH ha recibido múltiples denuncias que revelan una participación activa de los anteriormente llamados CPC “para mantener vigiladas a las personas consideradas como opositoras al gobierno y, en particular, la realización de allanamientos ilegales y detenciones que fueron realizadas a partir de listas levantadas con el trabajo de inteligencia de los mismos”. 

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Por su parte, los CLS son estructuras que coexisten con las partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de la Juventud Sandinista dentro de cada institución, siendo las encargadas de asegurar la participación de los empleados públicos en actividades como marchas, ocupación de rotondas o redondeles en la ciudad de Managua, contramarchas, ferias y otros actos políticos. Además, tendrían asignado vigilar a los empleados públicos que no simpatizan con el gobierno. 

LOS PRESOS POLÍTICOS COMO FICHAS DE CAMBIO 

En el contexto de la prolongación de la crisis en Nicaragua, la CIDH constata que las personas privadas de libertad han sido tratadas como objeto de “intercambio” y “negociación” por parte del régimen de Daniel Ortega con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones la oposición y la sociedad civil. 

También se observa "la persistencia de una práctica sistemática de afectaciones a los derechos de los familiares de personas detenidas y la grave situación de las personas excarceladas debido a la falta de información de su situación jurídica y la continuación de actos de hostigamiento, amenazas, asedios, estigmatización y vigilancia permanente". 

"Ante la persistencia de una práctica de detenciones arbitrarias y la imposición de un estado policial que mantiene cerrados los espacios de participación democrática en Nicaragua", la CIDH instó al régimen a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas con miras a promover el restablecimiento del Estado de Derecho y el goce efectivo de los derechos humanos. 

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La CIDH señaló que el informe fue construido principalmente desde las voces de las víctimas, "quienes denunciaron la grave situación que vivieron, la dinámica de las detenciones, la realidad de su privación de libertad, la ausencia de respuestas de la justicia nacional y las consecuencias en sus vidas personal y familiar". 

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.