Ortega ha destinado C$306.9 millones en dos años para un penal que se mantiene en “evaluación”

La Administración de Daniel Ortega ha destinado, desde 2018, millonarios recursos al Ministerio de Gobernación (Migob) para la construcción del nuevo sistema penitenciario del departamento de León, que permitiría descongestionar las cárceles de Chinandega. Sin embargo, en la ejecución de esos recursos la experta en compras públicas Dayra Valle identifica falta de transparencia.

El Presupuesto General de la República 2021, aprobado recientemente por la mayoría orteguista en el Parlamento Nacional, contempla una partida de C$328.7 millones de córdobas para “finalizar la construcción y equipamiento” del penal. El monto se suma a los C$110 millones destinados en 2018 y a otros C$196.9 millones asignados en 2019, que totalizan C$306.9 millones. 

Según el PGR 2021, para el próximo año el Migob tiene como meta finalizar la obra que tendrá capacidad para albergar a 1,500 presos. A qué empresa y bajo qué términos se adjudicaron los recursos de 2019 es parte de los datos ocultos del proceso de licitación iniciada en 2018. La empresa encargada elaborar los planos de la construcción es Viviendas de Nicaragua Sociedad Anónima (Vienicsa), vinculada a Albanisa que ha recibido millonarios contratos para construcción de casas de interés social, según reportes periodísticos. 

La obra fue anunciada en octubre de 2017 por la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, pero hasta ahora se desconocen detalles del avance de la obra. En esa ocasión, Murillo aseguró que en 2018 iniciaría a construirse “el establecimiento penitenciario en régimen de granja o régimen abierto, en el departamento de León, donde habrá además áreas de convivencia familiar, salas de visitas y el régimen es semi-abierto y abierto, para consolidar lo que se llama reeducación penal”. 

• MÁS NOTICIAS: Ortega destinará US$300 millones del BCIE para “reactivar la economía”

Sin embargo, en ese año no hubo señales sobre el inicio de dicha construcción. Fue hasta septiembre de 2019 que pobladores reportaron la presencia de maquinaria de la Alcaldía de León nivelando el terreno; policías vigilando la zona y un letrero en un árbol con la leyenda “propiedad del Sistema Penitenciario Nacional”, además de árboles derribados en un predio ubicado en la comarca La Chácara Seca, en el kilómetro 86 de la carretera León-Managua.

Según el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2018 del Mingob, el régimen desembolsó en ese año los C$110 millones de córdobas en concepto de contratos de consultorías para los planos del nuevo Centro Penitenciario de León.

El año siguiente, en 2019, la dictadura aumentó los fondos para el penal, destinando 196.9 millones de córdobas, pero esta vez bajo un procedimiento de contratación simplificada y, según el Catálogo de Bienes y Servicios del PAC 2019 del Mingob, los fondos se utilizaron para “estructuras y edificios permanentes”.

La ley que regula las contrataciones públicas -Ley 737- indica que la contratación simplificada sólo se usa en casos excepcionales y se permiten cuando se trata de una emergencia, o solo hay un proveedor en el mercado para prestar el servicio, si son víveres, compras con fondos de caja chica,  lo exige la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial, contratos por servicios profesionales o interadministrativos o cuando se tenga por objetivo trabajos artísticos.

El PGR de 2020 refleja que el monto para el mismo proyecto fue de 318.7 millones de córdobas, de los C$1,327.4 millones destinados al Mingob. Sin embargo, este proyecto no se encuentra en la planificación de Gobernación de este año, lo que significa que aunque aparezca presupuestado no se puede ejecutar por no estar reflejado en el Programa Anual de Contrataciones.

OBRA DE EJECUCIÓN DUDOSA

Dayra Valle, del Colectivo Transparencia Nicaragua, observó indicios de falta de transparencia del régimen con este proyecto en la asignación de 2019, ya que "no aparece" la resolución de adjudicación, información que, según lo establecido, debe ser subida al Sistema de Contratación Administrativa Electrónica (Siscae), y que, en este caso, por tratarse de una contratación simplificada, todo el procedimiento se puede adjudicar en dos días.

“El problema es que aparecen la resolución de inicio, las especificaciones técnicas pero no aparece la resolución de adjudicación, entonces el procedimiento aparece que está en evaluación lo cual es incorrecto, es un indicio de falta de transparencia porque no podemos saber a quién se lo adjudicaron y el monto de la adjudicación en la que se dio”, explicó la especialista.

Según Valle, al omitir esta información sobre los procedimientos para este proyecto en el presupuesto de 2019, el Ministerio de Gobernación viola los principios de publicidad y transparencia contemplados en el artículo 6 de la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Público, que establece que las instituciones estatales, deben subir al portal toda la información referida a los procesos de contratación.

“Desconocemos a qué empresa se le adjudicó el proyecto y por qué monto y, aunque sabemos que se hizo el procedimiento, aparece que todavía está en evaluación lo cual es irrisorio porque desde agosto de 2019 hasta la fecha no puede estar en evaluación ese proyecto”, cuestionó Valle.

INCAPACIDAD, FACHADA E INTERÉS REPRESOR

Para el jurista y opositor a Ortega, José Pallais Arana, el hecho de que el régimen haya destinado fondos desde 2018 para la construcción de este penal en León, que no ha sido culminado, refleja la ineficiencia de las autoridades.

• MÁS NOTICIAS: Ortega destinará US$300 millones del BCIE para “reactivar la economía”

“Tienen una capacidad de ejecución muy limitada, por no decir nula, y anuncian proyectos por puro fachadismo, ya que las limitaciones de las drásticas caídas de los ingresos fiscales no les permiten sostener gran parte de los proyectos que están contemplando en el Presupuesto, pero los mantienen únicamente para efectos propagandísticos”, señaló Pallais.

De acuerdo con el jurista, este proyecto también demuestra que las prioridades del régimen orteguista están dirigidas al desmantelamiento de la oposición, pues considera que Ortega se prepara para aumentar su capacidad carcelaria de cara a unas eventuales elecciones de 2021, donde se prevé que se reelija producto de una oposición fragmentada.

“En vez de atender el sector salud, el sector educación y el sector social en general, las prioridades del régimen están dirigidas a la represión y la capacidad de encarcelar a más nicaragüenses, de llenar las cárceles de opositores y sería el complemento de sus nuevas leyes que han aprobado en la Asamblea”, argumentó Pallais.