Suspender búsqueda de mineros en Río San Juan "es un crimen" de Ortega y Murillo, denuncia el Cenidh

Organizaciones de la sociedad civil exigieron este lunes al régimen de Daniel Ortega continuar con la búsqueda de unos 13 mineros que seguirían soterrados tras el derrumbe del pasado viernes en una mina de San Carlos, Río San Juan.

“Estén vivos o estén muertos, las autoridades tienen la responsabilidad de sacarlos, de rescatarlos”, planteó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).  

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) suspendió el pasado sábado las labores de búsqueda y salvamento, apenas 17 horas y media después de ocurrido el derrumbe. En la zona de desastre únicamente encontraron los cuerpos de dos mineros de 28 y 41 años, identificados como Israel Sequeira López y Santos Isaac Herrera Olivares respectivamente. Uno fue rescatado vivo y dos fueron encontrados muertos. 

No obstante, lugareños afirman que el derrumbe ocurrido en la mina ubicada en la comunidad La Esperanza número 2 habría soterrado a unos 16 mineros. La lista oficial de desaparecidos no ha sido publicada por las autoridades, que se han limitado a informar su decisión de retirarse del sitio.

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“Condenamos el hecho (de la suspensión de la búsqueda), pero además de reflejar la falta de responsabilidad del gobierno para enfrentar este tipo de problemas, refleja la falta de sensibilidad humana, refleja la naturaleza perversa y despiadada de este régimen”, expresó Vilma Núñez, presidenta de Cenidh. 

La defensora de derechos humanos se declaró perturbada por la posibilidad de que alguien siga vivo dentro de la mina sin posibilidad de ser auxiliado. “No son gusanos para que los dejen morir en el fondo de la tierra. Es deber rescatarlos”, reprochó.  

CAMPAÑA POR LA BÚSQUEDA 

El Cenidh anunció el inicio de una campaña para reanudar la búsqueda de los mineros, sobre la base del "deber de protección" que tiene el Estado, en situaciones como esta. 

"Un Gobierno responsable, cuando ocurren tragedias de esta naturaleza, tiene el 'deber de protección', esto implica tres aspectos: En primer lugar, el 'deber de la prevención', debieron haber cerrado todas esas minas, en segundo lugar, el 'deber de dar respuesta inmediata', y ya en otra etapa el 'deber de resarcir los daños'", alegó la activista. 

Al igual que en otros desastres similares, el de estos mineros no fue divulgado inicialmente por las autoridades, sino por campesinos que tomaron imágenes y las enviaron a los medios locales.

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"Qué tragedia si alguno de ellos todavía respira, si está vivo tratando de arañar la tierra para ver si sale, ¿te das cuenta del sufrimiento, de la tortura? Y si ya se murieron, tienen derecho a un entierro digno, sus familias tienen derecho a saber qué fue lo que pasó, y el Gobierno la obligación de publicar los nombres", reclamó Núñez, quien recordó cómo Chile logró rescatar a 33 mineros tras 69 días soterrados en una mina en 2010. 

ADVERTENCIAS PREVIAS 

La Fundación del Río ha identificado más de 120 puntos de minería artesanal ilegales entre los municipios de San Carlos, El Castillo y Nueva Guinea, que además es parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Indio Maíz. 

Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, explica que en múltiples ocasiones han advertido a las autoridades sobre las consecuencias humanas y ambientales que provocan este tipo de actividades sobre las que no ejercen ningún tipo de control. Como ejemplo está el derrame de cianuro en el lago Cocibolca a inicios de octubre y ahora el derrumbe de una mina artesanal sobre el cual ni las instituciones de Gobierno ofrecen información clara.

“Hemos encontrado que estas acciones, -avaladas por los gobiernos locales- aumentan la conflictividad en la zona, los daños ambientales, e incluso identificamos trabajo infantil dentro de estas minas ilegales”, comentó Ruíz a DESPACHO 505. 

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El presidente de Fundación del Río también cuestiona la decisión de las autoridades de suspender las labores de búsqueda y rescate en la zona de derrumbe, y lo califica como una violación más de derechos humanos.

Ruíz considera que se debieron agotar todos los mecanismos y reforzar los equipos y maquinaria en la zona para buscar a las personas soterradas, “en primer lugar porque es un derecho humano y merecen ser sacados de ahí”, y también, porque es preciso que se ofrezca información precisa sobre lo ocurrido, incluyendo el número de víctimas, señaló.  

El ambientalista enfatizó que la extracción minera de forma ilegal son actividades de alto riesgo para la población y dejan graves daños ambientales, pero “son las mismas autoridades las que las promueven”, tanto en el departamento de Río San Juan como en el interior de la Reserva Indio Maíz, sostiene. 

Finalmente, el Cenidh señala que de no continuar las labores de búsqueda de los mineros en Río San Juan, pasarán a la historia como desaparecidos “y la responsabilidad penal, criminal y de violación de derechos humanos será de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.  

Héctor Zapata, Emperatriz López y EFE.